Recientemente, el Ejecutivo aprobó un procedimiento que busca resolver las quejas de los usuarios del sistema de salud antes de llegar a una instancia judicial, asegurando “una respuesta eficaz y optimizando los recursos disponibles”. Este viernes, la normativa fue hecha pública.
Introducción al Sistema PROMESA
Conocido como “Proceso de Mediación Prejudicial en el Ámbito de Salud” (PROMESA), esta iniciativa, gestionada por el Ministerio de Justicia, prevé una mediación opcional previa a cualquier demanda legal para conflictos con obras sociales, seguros de salud o medicina privada. El objetivo es facilitar soluciones consensuadas, minimizar litigios y fomentar respuestas tempranas y efectivas de las instituciones.
Requisitos para los Mediadores
Esta medida, establecida mediante el Decreto 379/2025, introduce la figura del mediador. Estos profesionales, dada la naturaleza compleja de estos conflictos, deben completar un curso de formación y someterse a “exámenes de idoneidad” para asegurarse que tengan una capacitación inicial adecuada, y un aprendizaje y evaluación continuos.
Los mediadores deben estar registrados en el Registro Nacional de Mediación con al menos un año de experiencia y no tener sanciones vigentes en el momento de la inscripción. Para la etapa inicial, y durante un año, este requisito se considerará cumplido para quienes consten en registros provinciales con al menos un año de antigüedad.
Financiación y Gestión de Recursos
En cuanto a la financiación, el fondo cubrirá los honorarios del mediador cuando no se alcance un acuerdo. Si hay sentencia de costas en la vía judicial, el requerido deberá reembolsar al fondo el pago hecho al mediador. Para garantizar transparencia y seguimiento en la gestión de recursos, se establecerán acuerdos con el Poder Judicial de la Nación.
El Ministerio de Salud de la Nación ha comunicado que la regulación del PROMESA es esencial en un contexto de creciente litigiosidad en el área de salud, que ha retrasado soluciones y aumentado costos. La propuesta del gobierno promueve menos trámites judiciales y más acuerdos, asegurando que los recursos beneficien a los pacientes y no a la burocracia.
Detalles del Procedimiento y su Implementación
Según el anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que creó esta herramienta, las partes deberán tener representación legal durante las audiencias de mediación. Además, se contempla asistencia jurídica gratuita para quienes no tengan recursos suficientes. Se estipulan plazos cortos de entre 5 y 7 días tanto para las intervenciones del mediador como para fijar las audiencias.
En cuanto a su supervisión, el Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Servicios de Salud nombrarán enlaces técnicos permanentes para garantizar reuniones periódicas. Dichos enlaces deberán asegurar el intercambio de información, monitorizar alertas sanitarias, velar por la participación estatal, y evaluar acuerdos y grado de judicialización.
Para casos ya escalados al ámbito judicial, los jueces pueden remitirlos al PROMESA de oficio o a petición de parte, en cualquier etapa del proceso, siempre que la parte actora dé su consentimiento expreso y haya una declaración judicial fundada.
Ampliación y Opciones de Adhesión
Para extender su alcance, las entidades de salud no incluidas originalmente, como ciertas obras sociales provinciales o sistemas especiales como IOSFA (que provee servicios de salud al personal militar), pueden adherirse voluntariamente al PROMESA.
En el anuncio del PROMESA, el Ministerio de Salud indicó que, desde 2022, se ha visto un aumento continuo en el número de amparos relacionados con la salud. En 2023, se registró un incremento del 20,62% con respecto a 2022, y en 2024, este porcentaje se disparó hasta un 471,79% en comparación con 2023.
AS