Implicaciones judiciales en el caso del fentanilo adulterado
El sistema judicial federal ha ordenado el bloqueo de activos a los propietarios de los laboratorios y farmacias bajo sospecha en el escándalo del fentanilo contaminado, el cual se investiga en relación a al menos 52 fallecimientos en hospitales de Argentina.
Las personas afectadas también enfrentan una prohibición para abandonar el territorio nacional, lo cual las coloca bajo investigación en el proceso penal que busca esclarecer las responsabilidades en este caso de salud pública.
Investigación bajo la dirección del juez Kreplak
El magistrado Ernesto Kreplak, que lidera la pesquisa, ha dictado la congelación de cuentas bancarias, inmuebles y otros bienes de un grupo que incluye a 25 individuos y nueve compañías. Entre los señalados se incluyen Ariel, Damián y Hernán García Furfaro, junto con su madre Nilda y otros allegados.
La medida igualmente afecta a varios ejecutivos, técnicos directivos y empresarios relacionados con la transferencia de acciones en las empresas implicadas, limitándoles la capacidad de gestionar sus recursos financieros.
Antecedentes políticos y cobertura mediática
El anuncio se realizó este jueves, después de que el diario Clarín revelara conexiones políticas entre el juez Kreplak y el kirchnerismo, similares a las del dueño de los laboratorios vinculados, Ariel García Furfaro.
En el documento, al que tuvo acceso el periódico, se mencionan también los técnicos de laboratorio y directores de microbiología de HLB Pharma y Ramallo, jefes de mantenimiento, y encargados de ampollas de Laboratorios Ramallo, así como todas las empresas del grupo García Furfaro.
Desde el 23 de mayo, según información obtenida por Clarín, estos individuos enfrentan prohibiciones de salida del país debido a aparentes responsabilidades en el incidente que resultó en la muerte de pacientes que recibieron fentanilo fabricado por HLB Pharma.
Las restricciones judiciales sugieren que la Justicia sospecha la posible comisión de algún ilícito. Sin embargo, esta información no fue de dominio público hasta el jueves, y ninguno de los afectados ha sido convocado a indagatorias.
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EMJ