El asunto pasó desapercibido entre las noticias, pero aquel primer sábado de abril en el que el ministro bonaerense Carlos Bianco fue detenido por evadir un control de alcoholemia resultó en una denuncia penal contra el funcionario y levantó preguntas sobre las 135 multas sin pagar, acumuladas en el auto oficial a cargo del ministro, sumando un total de $ 21.5 millones. Una pregunta persiste: ¿Es verdad que los gobiernos ignoran las multas de tránsito de sus vehículos oficiales?
Durante esos días de abril, una fuente del sector aseguró que los automóviles oficiales no suelen respetar las leyes de tránsito, bajo la presunción de un privilegio inexistente. Destacó que: 1) frecuentemente transgreden normas pensando en una inmunidad no respaldada por ley. 2) Rara vez pagan las sanciones que acumulan. 3) Nadie del ámbito vial o gubernamental les solicita el pago de dichas infracciones.
El Estado es una entidad extensa, con 24 representaciones jurisdiccionales. Este informe se centra en el Estado nacional, enfocándose en el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), reflejando así una situación común a nivel nacional entre diversos poderes y administraciones.
¿Cuántos vehículos oficiales integran las flotas de las distintas áreas del PEN? ¿Tienen multas pendientes? ¿Las han saldado? Algunas dependencias del PEN respondieron estas preguntas, mientras que otras omitieron información clave.
Varias cumplimentaron todos los detalles solicitados. Sin embargo, algunas sólo detallaron su flota sin abordar el tema de las multas. Otras más revelaron tener multas impagas, pero sin especificar las sumas totales adeudadas.
Algunas se excusaron para no dar información completa. Por su parte, ministerios como los de Economía, Justicia, Seguridad, y Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto no respondieron a las consultas. La suma de deudas informadas alcanza $ 451,228,460.70.
El mito del tránsito libre
La divulgación de las multas del coche que conducía “Carli” Bianco fue seguida de una afirmación en un organismo legislativo: que los vehículos oficiales tienen “libre estacionamiento” y, equivocadamente, “libre tránsito”, es decir, pueden exceder límites de velocidad. Este mito se ha concebido erróneamente sobre los autos oficiales, que no están exentos de las leyes de tránsito. Sin embargo, existen excepciones específicas, como ciertas disposiciones que excluyen a vehículos militares del pago de peajes, que no aplican a toda la flotilla estatal.
Escenarios de multas masivas
Tomemos el ejemplo de la Jefatura de Gabinete de Ministros, liderada por Guillermo Francos, que posee una flota de 27 vehículos acumulando unas 1,000 infracciones pendientes. Aseguran que se está trabajando en regularizar la situación, pero no precisaron si las infracciones son recientes o de data más antigua. La diversidad de infracciones varía notablemente de vehículo a vehículo.
En otra jurisdicción, la Subsecretaría de Ambiente cuenta con 30 autos, más 20 adicionales calificados como “no operativos, pero con multas pasadas”. El conjunto de sus flotas debe cuantiosas sumas por multas tanto en la Provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.
Las penalizaciones sobre el Ministerio de Defensa
Desde el Ministerio de Defensa, bajo la dirección de Luis Petri, diversas áreas proporcionaron información. Fabricaciones Militares SAU reportó una lista con 179 vehículos, la mayoría de vieja data. Sólo cinco tienen multas pendientes, sumando un total menor comparado con otras organizaciones del mismo ministerio.
El Servicio Meteorológico Nacional, ahora parte del Instituto Geográfico Militar, reporta una deuda de $7 millones por multas en Buenos Aires y otros territorios.
Defensores de los autos oficiales
Algunas áreas del Ministerio de Defensa argumentaron que las sanciones eran injustas, al desconocer que se trataba de vehículos oficiales con ciertos privilegios. La Fuerza Aérea, por ejemplo, señaló la imposición de multas debidas a mal funcionamiento de sistemas como el Telepase.
La Fábrica de Aviones “Brigadier San Martín” S.A. declaró no tener multas pendientes, aunque afronta problemas por patentes duplicadas que generan confusiones a su desfavor.
Otros departamentos, como aquellos bajo la administración de Manuel Adorni o Federico Sturzenegger, respondieron escuetamente, aduciendo coordinar su operatividad con la Jefatura de Gabinete y otras burocracias centrales.
La normativa vigente en ciertos ministerios dificulta obtener información detallada sobre las multas, como remarcaron desde el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello.
Similares explicaciones fueron aportadas por el Ministerio de Salud, liderado por Mario Lugones, y otras dependencias, que remitieron a respectivas jurisdicciones locales para el manejo y registro de sanciones.
El tópico de la información confidencial y la seguridad nacional fue utilizado como excusa por entidades como la Secretaría Legal y Técnica, mencionando precedentes legales que protegen ciertas divulgaciones.
Organismos como la Vicejefatura de Gabinete del Interior y el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas sugirieron dirigirse a otras instancias para obtener los datos solicitados.
En un caso particular, la Universidad de la Defensa Nacional aseguró tener un registro “libre de deudas”, y hasta documentaron esta afirmación con pruebas pertinentes.