Un mes después de que estallara el escándalo, el número de víctimas continúa aumentando en el caso del fentanilo adulterado, un opioide producido por los laboratorios HLB y Ramallo que se administró a pacientes en varias provincias del país. Las muertes, que inicialmente fueron nueve, han ascendido a 38, de acuerdo con la Justicia. Además, otras 37 personas están afectadas: 22 contrajeron bacterias presentes en el medicamento y 15 se consideran “casos sospechosos”. A continuación, se analiza los retos que enfrenta la investigación judicial, las certezas obtenidas y las condiciones en que operaba uno de los laboratorios investigados.
Entre los momentos clave de esta investigación, que ya lleva cuatro semanas, destaca uno significativo. Es necesario remontarse a fechas que oscilan entre febrero de este año, finales de 2024, o incluso, años anteriores. Esta cronología ahora parece haber sido un presagio de las muertes por fentanilo que se confirman en la actualidad.
Alertas previas de la ANMAT
Varios han sido los avisos emitidos durante años por la ANMAT, la agencia reguladora de medicamentos del país. Estas advertencias se dirigieron constantemente a los laboratorios ahora cuestionados por la presunta distribución de fentanilo contaminado, no solo con una, sino con tres variedades de bacterias, según un análisis detallado realizado por el Instituto ANLIS-Malbrán en el marco de la causa penal bajo el Juzgado Federal Nº3.
Las notificaciones de la ANMAT que quedaron solo en palabras abarcan dos aspectos: las serias dificultades en la “trazabilidad” (esto es, problemas en documentar detalladamente la producción y distribución de medicamentos) y las carencias críticas en las “buenas prácticas de fabricación”.
Primeros pasos de la investigación judicial
A pesar de los serios inconvenientes que enfrentan los laboratorios implicados, señalar responsables directos de las muertes no es tarea sencilla. Cada vínculo causal sigue siendo hipotético y requiere evidencia admisible en un tribunal. A medida que avanza la cuarta semana del proceso, se han desarrollado diversos enfoques basados en una certeza general que nadie discute.
El empresario kirchnerista Ariel García Furfaro estuvo al mando de HLB Pharma. Por el lado de Ramallo, figura Jorge Salinas, de oscuro pasado en Rosario, dueño de otro laboratorio que generó alarmantes incidentes hace una década en dicha ciudad.
Localización y recuperación del fentanilo contaminado
Una de las principales prioridades de la investigación judicial es confirmar el número de decesos, localizar los lotes de fentanilo contaminado y recuperar dicho material. La ANMAT debería estar gestionando esta recuperación de fentanilo afectado. Sin embargo, ha denunciado a HLB por no cumplir con la disolución de la cadena de suministro necesaria para retirar el producto del mercado.
Para resolver este problema, la Justicia colabora con las droguerías y usa apoyo policial para localizar a los clientes del laboratorio, como hospitales y clínicas, y exigir el resguardo del material potencialmente contaminado.
Confirmación de condiciones de producción
Asumir que la contaminación ocurrió durante la producción o envasado del fentanilo, y no en la administración al paciente, constituye un avance en el caso. Sin embargo, se plantean preguntas cruciales. ¿Fue toda esta situación un error accidental? Si se prueba negligencia en las prácticas de fabricación, el caso podría seguir en la justicia federal. En caso contrario, se podría trasladar al ámbito civil.
Además, debe determinarse quiénes son responsables si se cometieron faltas intencionadamente, desde el director médico hasta los dueños del laboratorio, considerando las advertencias pasadas de la ANMAT.
Dentro de los laboratorios investigados
Una fuente cercana, que trabajó en Laboratorios Ramallo desde su fundación en 2016 por Jorge Salinas, detalla la situación interna. Tres áreas operaban allí, sólo una parece haber mantenido estándares adecuados. Las condiciones de seguridad e higiene eran deficientes.
Se observaba una alta presión laboral con prácticas inadecuadas como mezclar medicación con suero, falta de seguridad y recursos inadecuados para limpieza. A menudo, se contrataba personal con escolaridad básica para desempeñarse en roles críticos.
Investigadores judiciales trabajan arduamente para esclarecer este incidente de dimensiones alarmantes, esperando encontrar respuestas y responsables conforme avanza el caso.