El Ejecutivo ha dado luz verde este miércoles a un novedoso mecanismo que facilita la resolución extrajudicial de reclamaciones en el ámbito de la Salud, buscando una respuesta más rápida y eficiente mientras se optimizan los recursos existentes.
Bajo el título de “Procedimiento de Mediación Prejudicial en Materia de Salud” (PROMESA), este método, dependiente del Ministerio de Justicia, se presenta como una alternativa voluntaria que precede cualquier acción legal en conflictos relacionados con los servicios médicos asistenciales.
Esta disposición ha sido establecida por el Poder Ejecutivo a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado en el Boletín Oficial más reciente.
Objetivos y principios de la nueva mediación
El decreto 379/2025, firmado por Javier Milei y su equipo, expone que este procedimiento se fundamentará en los principios de voluntariedad, rapidez y confidencialidad, ofreciendo a los ciudadanos una solución prejudicial más económica en disputas de salud.
Asimismo, se subrayó que la importancia de los desafíos sanitarios hace que esta mediación previa se realice con celeridad y brevedad para ofrecer una solución extrajudicial efectiva.
Implementación y capacitación
Este sistema requiere el esfuerzo conjunto de los Ministerios de Salud y Justicia para asegurar formación constante y especializada en temas de salud, y estará operativo 60 días después de su publicación, contribuyendo a generar datos estadísticos que impulsen la transparencia y decisiones informadas en políticas sanitarias.
El anexo del DNU especifica que quienes participen en las audiencias de mediación bajo el PROMESA deben contar con representación legal, y se prevé asistencia jurídica gratuita para quienes no tengan recursos suficientes.
Detalles del proceso de mediación
La normativa establece que el interesado, al solicitar la mediación o entregar la documentación pertinente, deberá sufragar los gastos de las notificaciones al Ministerio de Justicia.
El proceso fija plazos cortos, entre 5 y 7 días, para las gestiones del mediador y la realización de las audiencias.
Se señala también que el Ministerio de Salud puede involucrarse en ciertos casos para ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo satisfactorio.
El Ejecutivo ha instado a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a implementar procedimientos semejantes en sus jurisdicciones, adoptando estos principios y metas.
Desde 2022, se observó un incremento constante en el número de amparos en los que intervino el Ministerio de Salud, notándose en 2023 un aumento del 20,62 % respecto al año anterior, y en 2024, una subida del 471,79 % en comparación con 2023.