Modificación en la Ley de Financiamiento Educativo
El Gobierno ha implementado un cambio significativo en la Ley de Financiamiento Educativo a través de un decreto emitido este miércoles. Esta legislación es fundamental para regular las negociaciones del sueldo base de los educadores en todo el país, conocida comúnmente como la “paritaria nacional docente”.
Nueva Funcionalidad de la Secretaría de Educación
Anteriormente, el artículo especificaba que el Ministerio de Educación, ahora Secretaría de Educación, debía coordinar con el Consejo Federal y los sindicatos docentes para establecer un marco de negociación que incluía cuestiones como: a) condiciones laborales, b) calendario educativo, c) salario mínimo docente y d) carrera docente. El nuevo decreto, identificado como 341/2025 y publicado en el Boletín Oficial, retira a la Secretaría de estas discusiones.
Poder de Veto sobre Aumentos Salariales
Pese a su retiro de la negociación, la Secretaría de Educación mantiene la facultad de aprobar el acuerdo únicamente si este se adecúa a los recursos del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. Si el acuerdo no se ajusta, la Secretaría podrá solicitar una revisión. El Gobierno aclaró que la Secretaría tiene la capacidad de validar convenios o demandar una nueva propuesta para las que sean insostenibles desde el punto de vista presupuestario.
Impacto y Reacciones de los Gremios Docentes
La decisión ha sido motivo de discusión entre los sindicatos docentes y las autoridades provinciales. Las provincias, responsables de los sueldos de los docentes de educación básica, a menudo han expresado su descontento con las cifras negociadas que no podían cumplir. Para el Gobierno nacional, esta negociación representaba una presión al tener que acordar montos que no estaban a su cargo. Las críticas de los sindicatos no tardaron en llegar, especialmente de las cinco organizaciones nacionales.
CTERA, uno de estos sindicatos, rechazó fuertemente el cambio al artículo 10 de la Ley Nº 26.075, comentando que elimina la participación del Estado nacional en estas negociaciones salariales esenciales. A su juicio, este cambio significa un retroceso en cuanto a derechos laborales y afecta negativamente al sistema educativo federal y democrático del país.
El grupo de sindicatos docentes que incluye a AMET, CEA, Sadop y UDA también manifestaron su descontento. Criticaron que el Gobierno no solo se retira de las negociaciones docentes a nivel nacional, sino que además se arroga poder de veto sobre los acuerdos alcanzados. Señalan que esto contraviene la Ley de Financiamiento Educativo, que asigna responsabilidades al Estado nacional en coordinación con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires para estructurar el sistema educativo. Los sindicatos han descrito el decreto como una estrategia que socava la estructura legislativa y deja a los legisladores sin influencia.