La trama de un fraude a la Universidad de Buenos Aires involucra correos electrónicos falsos, 13 transacciones fraudulentas y más de veinte personas entre arrestadas y acusadas. Este caso judicial investiga el desvío de aproximadamente 1.600 millones de pesos desde las cuentas que la universidad mantenía en el Banco Nación hacia cuentas externas. La universidad no tuvo noción del desfalco gracias a una serie de artimañas engañosas que permitieron que el dinero fuera transferido a otras cuentas, aparentemente sin vínculo con la entidad educativa.
El caso salió a la luz este miércoles, pero los eventos tuvieron lugar en septiembre de 2024. Desde entonces, la investigación ha avanzado, enfocándose en los fondos faltantes de las facultades de Odontología y Derecho de la UBA.
El fiscal Eduardo Taiano indicó a Clarín que hay cuatro arrestados y 17 personas imputadas, ninguna de las cuales está relacionada con la universidad, según confirman tanto la investigación judicial como una auditoría interna de la UBA. Sin embargo, el banco es una historia diferente. Si bien no encontraron un vínculo directo entre el Banco Nación y los acusados, el fiscal dejó entrever que puede existir una conexión implícita, aunque todavía no ha sido descubierta.
El Juzgado Federal Nº9, bajo la responsabilidad del juez Sebastián Ramos, está manejando el caso, centrado en la defraudación a la Administración Pública. El fiscal lo describió simplemente como “una estafa”.
Matías Ruiz, subsecretario de Hacienda de la UBA, señaló que la universidad no detectó nada anormal ya que las órdenes de transferencia pasaron directamente al Banco Nación.
El esquema delictivo fue sencillo. Ruiz explicó que los estafadores crearon al menos una dirección de correo falsa para enviar instrucciones de transferencia desde las cuentas de las facultades directamente a cuentas de terceros, pertenecientes a personas físicas y jurídicas.
Las transacciones fraudulentas
Los correos electrónicos fraudulentos contenían solicitudes de las 13 transacciones y fueron enviados desde la dirección [email protected], pareciendo intencionalmente asociados a la UBA.
“Fueron muchos correos electrónicos. La circunstancia de su envío forma parte de la investigación, pero lo que sabemos es que intentaron valerse de una operación conocida como MEP”, comentó Ruiz.
Esta supuesta operación MEP podría haber permitido un vínculo sospechoso entre los estafadores y el banco, según el fiscal.
En este contexto, MEP no se refiere al tipo de cambio, sino a “Medio Electrónico de Pago”, método usado por bancos para realizar transacciones al recibir instrucciones. Sin embargo, estas instrucciones deben ser físicas y no electrónicas, como en este caso.
Ruiz aclaró que la MEP tradicional no se realiza vía banca electrónica, sino que requiere una solicitud en papel con firmas correspondientes, condición que aquí no se cumplió.
Ninguna de estas formalidades se cumplió, subrayó Ruiz. No hubo documentos físicos, solo correos. Las firmas no coincidieron con las de los titulares de las cuentas, y eso es lo que se está investigando judicialmente.
Dado que el Banco Nación fue el principal afectado, algunos creen que podría haber más víctimas de fraudes similares. Hasta ahora, las víctimas confirmadas son las facultades mencionadas, siendo Odontología la más perjudicada.
El origen del dinero desfalcado
Consultado por Clarín sobre el dinero sustraído, Ruiz explicó que formaba parte del presupuesto de la universidad. Para Derecho, esos fondos provenían de asignaciones nacionales definidas por el Congreso para su funcionamiento, salarios y mantenimiento.
Sin embargo, para Odontología, los fondos tenían un objetivo significativo: establecer un polo de investigación en ciencia y tecnología para mejorar su hospital odontológico.
El dinero era parte tanto del presupuesto público como de recaudaciones internas por servicios prestados. Estos ingresos se destinan a mantenimiento y compra de insumos para la facultad.
Alegaciones y responsabilidades
Recientemente, el Gobierno criticó a universidades, entre ellas la UBA, por no justificar gastos por 33.000 millones de pesos, según una auditoría de la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología, dirigida por Darío Genua. Aunque Genua vincula esto con el presupuesto científico reducido desde 2023, estos temas son diferentes y no relacionados presupuestariamente.
Clarín preguntó a Ruiz si había conexión entre la estafa y la acusación de incumplimiento financiero por parte de Genua. Ruiz negó categóricamente, afirmando que la UBA es víctima de un fraude significativo.
Finalmente, Ruiz concluyó que realizaron una investigación interna confirmando la ausencia de complicidad dentro de la UBA y ahora esperan una resolución judicial que permita recuperar rápidamente el dinero robado.