Florencia, de 22 años, lleva sobre sus hombros el cuidado de su madre con problemas mentales, su abuela que muestra signos iniciales de demencia senil, y su hermana de 12 años. Vive en la región norte del país, estudia dos carreras y trabaja en la capital de la provincia.
Relata que se embarazó en una relación conflictiva: “Estaba muy angustiada. Sentía dolores, náuseas. Me dirigí a urgencias y pedí ver a una psicóloga”. Contó que no podía seguir con el embarazo y que carecía de recursos. La profesional la tranquilizó y la contactó con una red de socorristas en Buenos Aires, que organizó y financió su traslado.
El Rol de las Redes de Apoyo
Argentina tiene una historia extensa de trabajo con redes de socorristas. Son individuos que acompañan a quienes buscan abortar, coordinándose con especialistas de salud y derecho.
“Llegué un lunes, el procedimiento fue el miércoles, y el sábado ya estaba de regreso en casa. Recibí un excelente trato, siempre estuve acompañada -rememora Florencia-. Fue complicado tomar la decisión y llevarla a cabo, pero era lo que necesitaba para mí y mi familia”.
En el noreste de Argentina, Miriam, quien tiene 35 años, vende artesanías en una esquina de su ciudad. Los fines de semana participa en ferias. Es madre de cinco hijos y su pareja, con una discapacidad, no puede trabajar. Ella sostiene el hogar: “Cuando supe que estaba embarazada, me preocupé mucho. Otro hijo era impensable. Fui al hospital y una doctora me informó sobre la ley de aborto, de la cual no estaba consciente”.
La médica activó la red, organizando el viaje a Buenos Aires para que Miriam pudiera realizar el procedimiento. “Dije a mi familia que viajaba para un tratamiento médico. Conocía bien mis condiciones y limitaciones. Estoy agradecida por el cuidado recibido. También me informaron sobre métodos anticonceptivos, lo cual desconocía, y ahora estoy más relajada”.
Desafíos en el Acceso a la Información
Muchas mujeres, al igual que Miriam, ignoran que el aborto es legal. Amnistía Internacional corroboró que hasta el 25 de marzo recibieron casos cada 25 horas por obstáculos ante el acceso al aborto, a través de un formulario de su sitio web, donde se detalla la legislación argentina.
Mujeres de provincias y países vecinos llegan a una modesta casa del noroeste de Buenos Aires. Su fachada, con plantas y un árbol cuyas ramas ocultan el cartel de Centro Integral de Salud Sexual y Reproductiva, no llama la atención. En el salón principal, una mujer aguarda. Lleva diez semanas de gestación y va a interrumpir el embarazo.
Prefiere no hablar, ya sea por vergüenza o temor. Viajó desde una provincia donde le dijeron que el aborto no era ya legal, pero una médica local la conectó con la red de socorristas que la trajo a este lugar.
Desfinanciamiento de la Ley
En Argentina, el aborto es legal tras su aprobación el 30 de diciembre de 2020. La ley 27.610 activa desde el 24 de enero de 2021 permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14, y la Interrupción Legal (ILE) si hay riesgo para salud o vida o resulta de una violación.
En enero de 2024, justo después de la asunción de Javier Milei, legisladores de La Libertad Avanza impulsaron un proyecto para anular el aborto legal y penalizar su solicitud incluso tras una violación. Debido al rechazo social, la Red de Acceso al Aborto Seguro asegura que el nuevo gobierno prefirió desfinanciar la ley, suspendiendo la compra y distribución de insumos. Milei calificó al aborto como “una aberración” y “un asesinato agravado”.
El informe más reciente de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR), datado en diciembre de 2023, reporta que en los tres primeros años de la ley, 250 mil personas accedieron a abortos seguros en centros públicos del país. Ya no se actualizan los datos debido a la suspensión de informes gubernamentales. El último 25 de marzo, el Día del Niño por Nacer, varios funcionarios se expresaron contra el aborto legal.
Impacto del Cambio Político
“Nadie puede negártelo, es tu derecho”, proclama Amnistía Argentina en redes sociales. En el último año, la ONG ha recibido un 275% más de consultas relacionadas al aborto.
Similares a lo que experimentó Miriam, el desconocimiento y las noticias falsas contribuyen a socavar la salud y seguridad de muchas mujeres. Damián Levy, ginecólogo y obstetra que trabajó como asesor en la DNSSR, renunció tras el cambio de gestión política: “Este gobierno ha fragmentado la Dirección, que era nuestra referencia. No se compran más insumos como misoprostol o mifepristona, esenciales para el aborto, y no se hacen campañas”.
“Observamos una desarticulación del tejido social entre los colegas, el miedo a quedarnos sin insumos. Las organizaciones amigas tienen miedo”, dice. Levy fundó la Fundación Cigesar en 2020 para ofrecer servicios de salud sexual y no reproductiva.
Existe otra casa similar en Buenos Aires que también ofrece servicios de salud sexual y no reproductiva. Su directora, una médica cuyo nombre se reserva por seguridad, advierte sobre las amenazas recibidas y las protestas de grupos antiaborto frente a la casa, potenciadas por el nuevo presidente en los Estados Unidos, Donald Trump.
“Desde hace más de un año, el Ministerio de Salud no provee insumos, cada provincia debe comprar sus medicamentos y el presupuesto no es suficiente”, advierte.
“Para gran parte de la sociedad, el aborto ya no se ve como legal y hay más objetores de conciencia. La situación ha retrocedido significativamente”, comenta. Se menciona el desmantelamiento del Plan ENIA, que disminuyó el 50% del embarazo no intencional en la adolescencia en cinco años, y las restricciones a la Educación Sexual Integral: “Pronto veremos un aumento en el embarazo adolescente”.
“La situación es muy complicada. La mifepristona y el misoprostol son muy costosos, las pillos cuestan decenas de miles de pesos. Además, las interrupciones requieren ecografías y consultas médicas, ascendiendo a casi 300 mil pesos en total. Si una mujer no puede acceder al sistema público, es casi imposible pagar por esto de su propio bolsillo”, detalla.
La directora es consciente de la situación ya que mujeres de diversas regiones, incluso de otros países, acuden a su centro. Sin embargo, la afluencia extranjera ha disminuido debido a los altos costos en Argentina para visitantes de afuera.
En la Ciudad de Buenos Aires, Viviana Mazur lidera la Coordinación Salud Sexual, VIH e ITS del Ministerio de Salud. Ella garantiza que el IVE se respeta en los 48 centros de salud y 12 hospitales con obstetricia. La ciudad siempre ha comprado sus propios insumos y lo mantiene. En 2024 se realizaron aproximadamente 10,000 abortos, principalmente en el primer trimestre y pocos en adolescentes.
“Nuestra red trabaja para apoyar, derivar, acompañar y financiar a mujeres que no pueden abortar en sus lugares de origen”, dice Mariana Romero de REDAAS, que integra profesionales de salud y derecho.
“Hay provincias que se distancian de la ley, no compran insumos, mientras otras, aunque tienen buenas intenciones, enfrentan dificultades. Algunas garantizan el derecho pero prefieren no anunciarlo abiertamente. Se observa mucha disparidad. Si los fondos desaparecen, no podremos seguir asistiendo a las mujeres”, lamenta Romero.
“A REDAAS nos llegan muchas consultas y nuestra primera respuesta es que la ley está vigente. Insistimos en que llamen al 0800 222 3444, que es la línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Los comentarios son que es muy frustrante porque hay muchas menos personas atendiendo el 0800″, dice Romero.
Otra voz es la de Ruth Zurbriggen, quien también insiste en la validez legal del aborto al hablar con mujeres que contactan a Socorristas en Red. Esta organización reúne a más de 350 profesionales que educan y apoyan a mujeres en Argentina.
“Hay objetores de conciencia que, enfadados por la legalidad del aborto, toman represalias mintiendo a las mujeres o tratándolas mal. Tampoco faltan los temores entre profesionales a ser denunciados por sus propios colegas, oponiéndose a la ley”, explica Zurbriggen sobre los retrocesos actuales.
Conexiones Internacionales
Zurbriggen forma parte de la Red Compañera, que agrupa a mujeres en América Latina y el Caribe apoyando abortos. La Red está conformada por 25 grupos de 19 naciones, que navegan por distintas regulaciones legales y culturales.
Emma, a sus 44 años, vive en Costa Rica y es una profesional destacada. Hace dos años su embarazo no formaba parte de su plan de vida, pero decidió continuarlo. Sin embargo, el diagnóstico reveló que su feto tenía anencefalia, una grave condición congénita.
Esa noticia fue devastadora. Le aseguraron la inviabilidad del feto, pero le aconsejaron seguir adelante para permitir estudios médicos, lo cual le resultó inhumano y decidió no continuar con el embarazo.
En Costa Rica, se permite interrumpir un embarazo solo si la salud de la madre está en riesgo, razón por la cual Emma no encontró apoyo local y optó por buscar ayuda externamente.
Llamó a una amiga en Argentina, quien la conectó con redes que le sugirieron Colombia por proximidad. En Colombia recibió un trato accesible y cortés, a pesar del miedo inicial enfrentando los controles aeroportuarios de su país, problema común en aquellas que cruzan fronteras para abortar.
La ley 27601 de Argentina no exige supervisión profesional para el aborto autogestivo, ni sanciona a las personas que acompañan en el proceso. Sin embargo, en otras zonas de la región, esos asistentes pueden ser judicializados.
Marcela, de 32 años, vive en el sur de Chile. Cuando descubrió su embarazo a las 13 semanas. Al no encontrar respuestas en una clínica local y enfrentarse a barreras burocráticas, contactó una organización socorrista chilena.
Una red en Argentina se ofreció a asistirla. Viajó a Buenos Aires la semana siguiente, enfrentando dificultades económicas que fueron aliviadas por el apoyo de la red, que cubrió parte de sus gastos.
Recibió el procedimiento en una clínica suburbana, donde fue atendida con calidez y respeto. Cuatro días después volvió a Chile, con un DIU colocado.
Marcela destaca la importancia de las redes, especialmente en países con leyes restringidas. El estado debe garantizar estos derechos, pero cuando no lo hace, las redes resultan imprescindibles. El servicio que recibió fue gratuito, aunque las que pueden pagar, lo hacen, con costos entre 50 y 200 dólares.
Luz Reidel Wagner, de Corporación Miles de Chile, declara: “Tras siete años con la Ley de Aborto en Tres Causales, las barreras persisten, como la objeción de conciencia, disuadiendo a mujeres de buscar este servicio. Además, la prohibición de publicitar servicios de aborto complica más la situación”.
Belén, del sur de Chile, tuvo un caso similar. A las 13 semanas le diagnosticaron al feto múltiples condiciones genéticas severas. La ley chilena no cubría su caso por lo que decidió acudir a Argentina, donde recibió cuidado médico gracias a una red de soporte.
Esta experiencia resultó positiva y hoy espera otro embarazo sin complicaciones.
En Brasil, el aborto está permitido en casos especiales, pero un reciente proyecto de ley busca castigar cualquier aborto después de las 22 semanas, incluso tras violaciones.
Marcia, de Brasil, buscó en línea información sobre dónde podría abortar. Optó por Argentina, que apareció primero en su búsqueda. Tras enfrentar violencia de su ex pareja y amenazas policiales, contactó una clínica en Buenos Aires que le ofreció asistencia en su idioma. Finalmente, recibió la atención necesaria en Argentina.
Débora Diniz, una antropóloga brasileña en exilio, muestra este tipo de historias en su documental “Una mujer común”. Siguiendo a Scarleth a través de su viaje a Argentina para hacerse un aborto, revela el crucial papel de las redes de socorristas.
“Siendo una historia poco usual en Brasil, es una realidad que conecta con muchas mujeres comunes”, relata Scarleth, cuya experiencia inspiró el documental.
“Cada cinco minutos una mujer aborta en Brasil. Cada cinco días una mujer muere por aborto inseguro. Scarleth, con apoyo en Argentina, fue una mujer que rompió las barreras”, concluye el documental.
Según el último reporte del CEDES, en 2018, 35 mujeres murieron en Argentina por causas relacionadas al aborto. En 2022, con la ley vigente, la cifra descendió a 18. Las cifras actuales no están disponibles.
Esta investigación periodística ha sido premiada por la International Women’s Media Foundation dentro de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas. Colaboradora: Silvina Molina.