Familias exigen acción frente a la demora en la investigación sobre fentanilo adulterado
En el Congreso, la formación de la Comisión Investigadora del fentanilo adulterado ha vuelto a sufrir un retraso. El diputado nacional Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, no asistió a la reunión de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento el 4 de septiembre, impidiendo que se emitiera un informe. La falta de una convocatoria para una sesión conjunta retrasará por al menos 20 días el comienzo de las tareas fundamentales para aclarar las responsabilidades y asegurar justicia para las familias afectadas.
Solicitudes urgentes de las familias afectadas
Un grupo de familiares, mediante una carta dirigida al diputado Mayoraz, ha expresado su descontento y exigido mayor rapidez y compromiso de las instituciones. Mencionan que Silvia Lospennato (Pro), presidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, tenía la intención de coordinar con Mayoraz una reunión conjunta entre ambas comisiones para avanzar en la emisión del dictamen.
No obstante, dicha convocatoria nunca se concretó, y la reunión del 4 de septiembre quedó limitada solo a la comisión dirigida por Lospennato, impidiendo así el progreso necesario para llevar la propuesta al plenario. Los familiares subrayan que cada día de retraso incrementa la incertidumbre y el sufrimiento, alertando que el proyecto podría disolverse en diciembre con el cambio legislativo.
Detrás de esta disputa legislativa se encuentra una de las peores crisis sanitarias de los últimos años en Argentina. Desde diciembre de 2024, tras la distribución de ampollas de fentanilo clínico contaminado por HLB Pharma Group y Ramallo, el país ha visto un aumento alarmante en el número de víctimas.
A mediados de mayo, se notificaron 14 muertes y 50 personas infectadas, pero en apenas dos semanas, los fallecimientos subieron a 34 y las infecciones a más de 60. En agosto, la Justicia documentó al menos 87 muertes confirmadas, aunque actualmente las cifras se aproximan al centenar.
Las ampollas infectadas contenían bacterias multirresistentes que afectaron a pacientes en hospitales del país, incluido el Italiano de La Plata, uno de los primeros en detectar el brote. De las más de 300,000 ampollas producidas, cerca de 45,000 se habían administrado antes de la orden de retirada masiva del mercado. La investigación judicial llevó a las detenciones de diez individuos, entre ellos el empresario Ariel García Furfaro y parte de la directiva de los laboratorios, incluidas prohibiciones de salida del país y embargos de bienes.
En este entorno, la creación de una comisión investigadora dentro del Congreso es esencial para aclarar lo sucedido y establecer mecanismos de control para prevenir futuras tragedias. Sin embargo, el estancamiento legislativo podría continuar posponiendo una respuesta que las familias ven como urgente. “Cada día sin progreso significa más incertidumbre y dolor para las familias afectadas”, señalaron en su carta a Mayoraz, instándolo a organizar una reunión conjunta la semana próxima para desbloquear el camino hacia la comisión.
El escándalo del fentanilo adulterado, responsable de casi un centenar de muertes, revela no solo fallas en los procesos de producción y supervisión de medicamentos, sino también la debilidad del sistema institucional para responder a una emergencia de salud de tal magnitud. La presión ejercida por las familias pretende evitar que la tragedia permanezca atrapada en la inercia política, buscando asegurar justicia finalmente.
Argentina enfrenta un trágico escándalo de salud con al menos 96 fallecimientos debido a la aplicación de un lote de fentanilo contaminado. La investigación judicial, conducida por el juez federal Ernesto Kreplak, revela una grave negligencia en la producción y distribución de este analgésico clínico. La tragedia ha evidenciado la falta de seguimiento en la cadena de suministro de medicamentos de alto riesgo.
Leonel Ayala: una historia de lucha y memoria
Entre las víctimas se destaca Leonel Ayala, licenciado en educación musical de 32 años. Su hermano David narra que Leonel fue ingresado por un cálculo abdominal y tras complicaciones que derivaron en pancreatitis, recibió tratamiento con fentanilo en el Hospital Italiano de La Plata. Mejoró inicialmente, pero su estado se deterioró abruptamente. “Sus órganos comenzaron a fallar” y una infección bacteriana, que los médicos no lograron controlar, le causó la muerte el 8 de abril, pocos días después de recibir el tratamiento. Su fallecimiento, junto a otros ocho casos en el mismo hospital, activó las alarmas y dio inicio a las investigaciones.
Los familiares de las víctimas han creado el grupo de WhatsApp “Unidos por la justicia de las víctimas del fentanilo mortal” para buscar justicia y orientación. Sandra Altamirano, cuyo hijo Daniel Sebastián Oviedo falleció por el mismo motivo, demanda respuestas. “Queremos justicia, no solo contra los laboratorios sino también contra toda la cadena de producción, porque no entendemos cómo pudo ocurrir algo de tal envergadura sin control alguno”, expresó.
La investigación continúa en su fase de indagatoria, con más de 24 personas bajo investigación. Los familiares han llevado su petición al Congreso de la Nación, exigiendo la implementación de protocolos de trazabilidad para evitar que una tragedia similar se repita.
MG