Finalmente, en la Constitución reformada de la provincia de Santa Fe, se incluyó una mención explícita a la Iglesia católica. Sin embargo, no se le otorga reconocimiento particular por su papel histórico en la provincia. La relación entre todas las religiones y el Estado sigue principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.
Revisión de la Convención Reformadora
El pasado viernes, en la décima sesión de la convención que revisa la Constitución, se abordaron varios temas, entre ellos el artículo 3. Este artículo regula la relación entre la Iglesia y el Estado, y en la reforma anterior de 1962 se declaraba al catolicismo como la religión oficial, algo que ahora ha sido eliminado.
Eliminación de la Religión Oficial
Esta eliminación, apoyada por la Iglesia católica al considerarse una relación anticuada, fue uno de los cambios más aplaudidos en la Convención. Representantes de Unidos (Juntos por el Cambio y Frente Progresista Cívico y Social) y parte del público estuvieron de acuerdo con la medida, mostrando su aprobación con un aplauso sostenido.
Un Paso Hacia la Separación de Iglesia y Estado
El artículo actual de la Constitución establece que la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que se le brinda protección decidida, sin afectar la libertad religiosa de los habitantes. Sin embargo, desde la declaración de la reforma, existía un consenso de que Estado y religión deben ser esferas distintas y, por lo tanto, la provincia no podía tener una religión oficial.
Principios de Autonomía y Cooperación
El dictamen mayoritario, aprobado con 50 votos a favor, diez en contra y siete abstenciones, establece que Santa Fe garantiza la separación entre el Estado y el ámbito religioso, sin fijar una religión oficial.
Afirma que: “La relación entre el Estado, la Iglesia Católica y otros cultos legalmente reconocidos” se regula bajo los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad.”
La Iglesia católica solicitó ser mencionada en el nuevo texto constitucional. Según Unidos, fue incluida por cuestiones técnicas, sin implicar privilegio sobre otras religiones.
La Iglesia Católica no está en el registro oficial de iglesias y cultos según el Código Civil y Comercial, ya que es considerada una persona jurídica pública con el respaldo del Estado Vaticano. Por eso, la expresión “iglesias y cultos” no la incluía, y se decidió mencionarla específicamente.
Walter Ghione, diputado provincial y pastor evangélico, defendió la redacción de Unidos. Considera que la supresión de la religión oficial es un progreso significativo frente a un artículo obsoleto que iba en contra de la igualdad y libertad de conciencia, valores democráticos fundamentales.
Tras finalizar su participación, el gobernador Maximiliano Pullaro, cercano a las iglesias evangélicas, se acercó para felicitar a Ghione. Sin embargo, la convencional Amalia Granata, en desacuerdo, recriminó a Ghione, posiblemente esperando una referencia más explícita a la Iglesia católica.
Lisandro Enrico, también convencional oficialista y ministro de Obras Públicas, apoyó el nuevo artículo. Declaró que se hace referencia a la cooperación diaria entre la fe y el Estado, sugiriendo que no hay una verdadera separación.
Durante la semana, los obispos de varias diócesis de la provincia públicamente solicitaron que se mencionara a la Iglesia Católica en la constitución reformada, reconociendo su legado histórico, cultural, social y espiritual en la región.
Los obispos destacaron el dictamen mayoritario de la Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, valorando algunos principios, pero señalando que la omisión del nombre de la Iglesia Católica representaba una falta.
También se hizo referencia al Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, que señala que un Estado puede reconocer una comunidad religiosa por sus lazos históricos y culturales con la Nación.