La apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata, ubicada en la cordillera mendocina, desencadenó un enfrentamiento violento entre defensores del medio ambiente y miembros del sindicato de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra). Los enfrentamientos incluyeron agresiones físicas, el uso de bombas molotov, heridos y arrestos.
Durante dos jornadas, los opositores a la minería hicieron sentir su voz en Uspallata. El conflicto más grave estalló el viernes por la tarde, pero el sábado, las manifestaciones transcurrieron de manera pacífica.
La chispa que encendió estas protestas fue la inauguración de una sede de la Cámara de Proveedores Mineros en Uspallata, con el objetivo de fomentar la actividad minera en esta parte del noroeste de Mendoza.
Inauguración interrumpida
El evento de inauguración fue abruptamente interrumpido por manifestantes contrarios a la minería, quienes lanzaron piedras, utilizaron bombas molotov, y prendieron fuego al establecimiento. Además, realizaron pintadas en contra de Edgardo Vera, presidente de la Cámara, y su nieto de 10 años sufrió quemaduras en el cabello debido al fuego.
Involucramiento de la Uocra
En medio de las tensiones, llegaron al lugar sindicalistas de la Uocra que apoyan al intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, y que se muestran a favor de la reactivación minera.
El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, criticó a los manifestantes, calificándolos de antidemocráticos y acusándolos de infundir temor entre los habitantes de la región. Lo Presti los responsabilizó de ser una amenaza para la democracia.
Lo Presti también señaló al ex intendente Daniel Orozco, sugiriendo que tenía conexiones con algunos de los manifestantes. Mencionó que había personas identificadas con vínculos con Orozco, quienes fueron despedidos de cargos administrativos por no cumplir con sus funciones, y prometió tomar acciones legales.
Detenidos durante las protestas
Entre los detenidos se encuentran Miguel Pablo González, conocido comerciante de la zona apodado “El Monstruo”, por incendiar la sede de los proveedores mineros, y Marcelo Daniel Molina, acusado de agredir a Edgardo Vera.
Discusión sobre la minería
La controversia se intensificó con el anuncio de la empresa San Jorge sobre la reactivación de sus operaciones de exploración y la próxima construcción de una mina de cobre en la región.
A inicios de enero, la minera San Jorge, con inversión de la suiza Zonda Metals GmBH y la argentina Grupo Alberdi, entregó su Informe de Impacto Ambiental adaptado para reactivar el destacado proyecto de minería de cobre en Mendoza.
Esta iniciativa forma parte de la Mesa del Cobre de gobernadores de provincias mineras, y ya se ha invertido alrededor de 62 millones de dólares en exploraciones y estudios de ingeniería.
Para proceder con el proyecto, se requiere la aprobación gubernamental de Mendoza y la realización de una audiencia pública. A pesar de la baja participación diaria, las manifestaciones resaltan el debate en torno al consenso social en Uspallata, fundamental para avanzar con el proyecto, recordando las protestas de 2019 bajo el gobierno de Rodolfo Suárez.
La Ley 7722, vigente desde 2007, ha bloqueado el desarrollo de minería a cielo abierto en Mendoza. Aunque Suárez intentó modificarla, enfrentó resistencia pública, lo que llevó a su derogación. Sin embargo, el actual gobernador, Alfredo Cornejo, busca avanzar proyectos mineros, ya habiendo logrado la aprobación de algunas Declaraciones de Impacto Ambiental para proyectos en el sur provincial.
La vicegobernadora Hebe Casado expresó en redes sociales su desaprobación hacia los manifestantes, llamándolos “terroristas” y solicitando justicia. También acusó a ciertos grupos de usar la causa ambiental con fines políticos o económicos, en perjuicio del desarrollo económico de Mendoza.
La Cámara Mendocina de Empresarios Mineros emitió un comunicado rechazando los actos violentos, argumentando que el verdadero desafío de Mendoza es la pobreza, instando a la creación de oportunidades laborales para más de un millón de mendocinos. Ellos promueven una minería responsable como herramienta para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en la región.