En la Universidad Nacional de San Luis ha surgido un nuevo conflicto relacionado con los contenidos que los profesores pueden introducir en sus clases. Este embrollo involucra a un director de cátedra y a su subordinado, un docente a cargo de los trabajos prácticos. La disputa ha alcanzado al Consejo Superior de la institución académica, el cual debe determinar si las acciones constituyen censura o adoctrinamiento y, de ser necesario, decidir sobre posibles sanciones.
Origen de la controversia académica
La asignatura en cuestión es “Biología Molecular e Ingeniería Genética”. La disputa se originó por un material no incluido en la malla curricular que el encargado de los trabajos prácticos decidió impartir, argumentando su derecho a la libertad de cátedra. Se trata del “índice de abuelidad,” una metodología crucial para la restitución de la identidad de personas desaparecidas, desarrollada en los años 80 por la genetista Mary Claire King, a solicitud de las Abuelas de Plaza de Mayo.
A través del análisis de ADN, esta técnica ha permitido esclarecer casos de identidad en 140 nietos, víctimas de separación durante la última dictadura militar en Argentina. Aun así, las autoridades de la universidad consideran que el problema dentro de la cátedra es lo suficientemente serio como para trascender las opiniones acerca del régimen militar de los años 70 en el país.
Acusaciones de adoctrinamiento
Darío Ramírez, quien dirige la cátedra, se sintió en su derecho de objetar la inclusión de un documento de más de 30 filminas titulado “Las abuelas, la genética y los derechos humanos,” subido al aula virtual por Leonardo Seguin, el auxiliar docente. Ramírez pidió su remoción alegando que el material no pertenecía al programa del curso y lo consideró un intento de adoctrinamiento. Raúl Gil, el rector de la UNSL, describió las acciones de Ramírez como inicialmente “agresivas”.
El 24 de octubre, Ramírez explicó en detalle sus acciones en un comunicado dirigido a las autoridades de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, y al Consejo Directivo, la instancia anterior al Consejo Superior de las universidades nacionales. En su defensa, mencionó haber retirado material que él consideraba adoctrinamiento ideológico, igual que explicó a los estudiantes en clase, argumentando que su objetivo era mantener la educación laica y democrática.
Reacciones y contrargumentos
La denuncia de censura fue presentada por Seguin el 7 de octubre, a raíz de un evento sucedido en septiembre. Según su versión, después de la remoción inicial del documento, se llegó a un acuerdo con Ramírez para restaurarlo, pero este incumplió la promesa. Seguin subió nuevamente el archivo, que Ramírez volvió a eliminar, lo que promovió la denuncia ante las autoridades.
Seguin defiende que la integración de los derechos humanos en la currícula está avalada por normas nacionales y de la UNSL. Considera que Ramírez violó la libertad de cátedra que defiende la Reforma Universitaria de 1918. Utilizó el índice de abuelidad como herramienta pedagógica para introducir a los estudiantes en la investigación científica y el trabajo en laboratorios dedicados a estudios de filiación.
Conclusiones y próximos pasos
Raúl Gil, rector de la UNSL, expresó que retirar un documento de las aulas es una acción que puede catalogarse de violenta, independientemente de las consideraciones sobre derechos humanos. En su opinión, el incidente requiere una investigación profunda, sobre todo porque los alumnos fueron testigos de la discordia entre los docentes.
El Consejo Superior ha recibido el caso y lo derivará a la comisión de Derechos Humanos para que junto con la de Asuntos Académicos analicen la situación. Se contempla la posibilidad de iniciar una investigación sumaria que determine si las acciones requieren sanciones, aunque subrayó que se respetará el derecho a la defensa de los involucrados.