El discurso del presidente Milei durante la presentación de la Ley de Presupuesto sorprendió por un cambio notable en el tono, además de incluir, por primera vez, la educación como una esfera prioritaria.
No obstante, el texto de la ley causó controversia ya que su artículo 30 elimina la obligación del Estado de dedicar el 6% del PBI a la educación.
Desde 2006, la ley de Educación nacional, aprobada por una amplia mayoría, establece que tanto el Estado nacional como las provincias deben invertir conjuntamente al menos un 6% del PBI en educación. Sin embargo, este mandato se ha cumplido solo una vez, en 2015.
En el presupuesto del año pasado, que no fue votado, el Gobierno había propuesto suspender esta obligación durante un año, pero este año se decidió eliminarla directamente.
La inversión consolidada en educación ha disminuido en los últimos años, con una cifra oficial de 4,9% en 2023 y se estima que para 2024 será del 4%.
Javier Curcio, economista y académico de la UBA y el CONICET, señala que dos tercios de esta disminución se centran en la falta de inversión de la Nación al eliminar el Fonid (fondo destinado a pagar salarios docentes), junto con recortes en universidades y otros programas.
En 2023, la inversión del Estado nacional en educación fue del 1,43% del PBI y cayó significativamente al 0,86% en 2024. Se estima que este año, sin la Ley de Financiamiento Universitario (con el veto ya efectivo), sería del 0,73%, y el próximo año, según el Presupuesto vigente, subiría ligeramente al 0,75%.
El restante tercio de la disminución corresponde a las provincias, principalmente por la reducción del salario docente, en línea con otras reducciones salariales a nivel nacional, afirma Curcio.
La menor inversión en educación en años recientes sucedió durante la crisis de 2001, cuando alcanzó el 3,9% del PBI, lo que desencadenó numerosas protestas. La legislación aprobada en 2006 intentó cambiar este escenario.
Además de educación, el proyecto presentado por Milei propone anular las leyes que aseguran una inversión del 0,52% del PBI en ciencia, del 0,2% en educación técnica profesional y fondos para institutos educativos de Defensa.
El Debate Desencadenado
La propuesta de eliminar la obligación del 6% en educación ha provocado un gran debate entre expertos. Algunos afirman que solo clarifica una realidad existente, mientras que otros subrayan que envía una señal negativa hacia la educación.
Un ejemplo de lo primero es Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella. “La eliminación del 6% del PBI para educación simplemente formaliza una situación ya presente. Solo se logró en 2015 y casi se alcanzó en 2017. Hasta 2020, la deuda acumulaba unos 26 mil millones de dólares no invertidos en educación”, comentó a Clarín.
“La falta de cumplimiento es tanto de los gobiernos nacionales como provinciales. Milei formaliza lo que presidentes y gobernadores ya habían quitado de facto. Hay un consenso estatal sobre esto y no deberían surgir grandes resistencias en el parlamento”, añadió.
Javier Curcio ofrece una perspectiva diferente. “Aunque es razonable no tener leyes que no se cumplen, es preocupante despriorizar sectores estratégicos para el desarrollo, donde la inversión ha caído un 50% en los últimos dos años”.
“Sería beneficioso proponer un debate sobre cómo priorizar la educación, la ciencia y afrontar desafíos necesarios para diversificar la matriz productiva, entrar en la economía del conocimiento y encontrar mecanismos de desarrollo sostenible. Las naciones desarrolladas crecen porque invierten en esto, pero lamentablemente aquí seguimos restándole recursos”, concluye.
Según Manuel Alvarez Trongé, presidente de Educar 2050, “el proyecto es un golpe crítico para el sistema educativo argentino, ya que elimina la garantía explícita de financiamiento. Disminuye el mandato constitucional de asegurar este derecho para todos los ciudadanos. Esta decisión muestra claramente cómo se desvaloriza la importancia de cumplir con las leyes educativas al desaparecer la garantía de su financiamiento”.
“¿Por qué es tan grave esta medida? Porque actualmente en Argentina, el 85,8% de los estudiantes del último año de secundaria no posee los conocimientos básicos en Matemáticas, el 55% de los adolescentes de 15 años no comprende lo que lee, la desigualdad educativa es extrema y el salario docente, en la mayoría de los casos, está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cómo se puede enfrentar esta preocupante situación sin leyes que aseguren y proporcionen un estándar de cumplimiento?”, agregó.
¿Un 8% por Encima de la Inflación?
Durante su mensaje a la nación, el presidente Milei mencionó que el próximo año la inversión en educación superará en un 8% la inflación. Sin embargo, expertos han expresado sus reservas acerca de esa afirmación.
El economista Javier Curcio indica que este cálculo presenta inconsistencias. En primer lugar, se asume que el veto a la Ley de Financiamiento Educativo quedará vigente, lo cual aún no está decidido. Aun así, si llegara a ser el caso, para que la educación crezca ese 8%, se tendrían que cumplir tres condiciones extremadamente improbables, dice Curcio.
La primera condición es el crecimiento. El proyecto lo estima en un 5,5% para este año y un 5% para el siguiente. Curcio asegura que este año el crecimiento no alcanzará el 5,5% (será más bien de un poco más del 4%), y también es poco probable alcanzar lo proyectado para 2026.
La segunda condición es la inflación. Para llegar al 10,4% en 2025 que establece la ley, se necesitaría una inflación del 1% mensual en lo que resta del año. Y para reducirla al 10% el año próximo, se debería tener un promedio mensual de 0,8%, lo cual también es difícil.
Tercera condición: el tipo de cambio. El proyecto estima que finalizará este año en 1.325 y el próximo en 1.423.
“Solo si se cumplen esos indicadores, la inversión en educación aumentaría un 8%. Pero esto ocurriría después de haber acumulado una caída del 45% en 2024 más un 10% este año. Sería más una especie de efecto rebote del 8%”, concluyó Curcio.