Retiro del Ministerio de Salud del Papel de Querellante
Este miércoles, la Justicia decidió remover al Ministerio de Salud de la Nación de su papel como querellante en la investigación sobre los fallecimientos de al menos 96 personas que recibieron fentanilo adulterado durante tratamientos en diversos hospitales y clínicas del país.
Motivos Tras la Decisión Judicial
De acuerdo con información presentada por fuentes judiciales, la revocación fue considerada apropiada debido a una posible “posición contradictoria en el proceso, dadas las eventuales responsabilidades de funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Nacional”. Aunque consultados por Clarín, representantes del ministerio afirmaron que no estaban informados de esta medida y continúan siendo querellantes.
Contexto y Avances en la Investigación
Este fallo judicial se produce en un entorno bastante convulsionado. Por una parte, por la detención el miércoles por la noche de diez individuos relacionados con los laboratorios HLB y Ramallo, productores del fentanilo, incluyendo la figura notable de Ariel García Furfaro.
En paralelo, se destacó la abrupta desvinculación de Gabriela Mantecón, la ahora ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), una de las áreas clave dentro de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Además, en un reciente documento, el Ministerio Público Fiscal instó al juez federal Ernesto Kreplak, quien lidera la causa del fentanilo desde mayo, a modificar la dirección de la investigación, poniendo énfasis en identificar posibles errores, connivencias o incluso complicidades por parte de los organismos de control de las farmacéuticas y los medicamentos.
En consecuencia, no solo la responsable de la ANMAT, Agustina Bisio, se encuentra bajo examen, sino también niveles superiores dentro del mismo Ministerio de Salud, dirigido por Mario Lugones, quien ha enfrentado duras críticas especialmente de comunicadores afines al mileismo por su permanencia en el cargo en medio de este escándalo.
Querellantes en la Investigación
Con la exclusión del Ministerio de Salud como querellante, continúan en esa función, además de los familiares de algunas víctimas, el Hospital Italiano de La Plata (el cual fue el primer en denunciar las muertes por fentanilo contaminado), la Municipalidad de Rosario, la provincia de Santa Fe (la cual manejó la mayor cantidad de ampollas adulteradas), y el empresario Carlos Tita, dueño de un consorcio de tres centros de salud en Santa Fe y una de las dos personas que vendió la droguería Alfarma a Ariel García Furfaro.