El martes prosiguieron las declaraciones en el proceso judicial por el fallecimiento de diez residentes en el geriátrico Apart Los Incas de Belgrano, tras un gran brote de Covid en abril de 2020. En esta oportunidad, se presentaron los argumentos defensivos de Carla Raffo, directora médica del lugar, junto a Hugo Visca y Daniela Alejandra Gonzalo, propietarios del mismo y pareja.
Los defensores de estos tres acusados solicitaron la exoneración. Según el abogado acusador Ignacio Trimarco, la estrategia de defensa por parte de Visca y Gonzalo fue aludir implícitamente a una situación de fuerza mayor, dado que se trató de una pandemia global. Trimarco explicó: “Aunque no fue expresado directamente, su estrategia se basó en el hecho de que fue una pandemia mundial, y no pudieron anticipar una circunstancia como esta”.
No obstante, desde la parte querellante, creen que el tribunal no aceptará esta justificación. Según comentó el abogado: “Si los acusados hubieran seguido las normativas y obligaciones propias de su cargo, actuando con diligencia y prudencia, al detectar el ingreso del virus, habrían activado los protocolos necesarios y llamado al 107, evitando así el desastre que actualmente evaluamos”.
Desarrollo del Proceso Judicial
El juicio, iniciado el 19 de mayo, se encuentra en sus etapas conclusivas. Este jueves proseguirán los alegatos de defensa de Paula Trunzo, ex funcionaria porteña acusada de incumplimiento de deberes de funcionaria pública. También se presentarán réplicas y dúplicas, y solo entonces el tribunal establecerá la fecha para completar el juicio, ya que para el próximo martes aún no hay audiencia agendada.
Postura de la Fiscalía y la Querella
El lunes, tanto la fiscalía como las cuatro querellas presentaron sus argumentos. La fiscalía solicitó castigo para cuatro de los imputados, con penas diferenciadas para cada uno, y exoneró a Trunzo. Las querellas respaldaron esta solicitud. Se pidieron penas de tres a ocho años de prisión para Luis Daniel Megyes, de tres a seis años para Visca y Raffo, y tres años para Gonzalo y Alicia Haydee Allegue. Además, se solicitó la inhabilitación para todos.
Trimarco explicó: “La fiscalía desistió de acusar a Trunzo, solicitud apoyada por nosotros y otras querellas, dado que las normativas vigentes entonces no le permitían tomar mayores acciones”.
Este juicio podría ser un parteaguas, como señaló el abogado: “Es un caso significativo. Tras este incidente, se revisaron y endurecieron las normativas en los geriátricos, incrementándose los controles y sanciones para los que no cumplan con las exigencias”.
Detalles del Caso
El juicio comenzó cinco años después de la evacuación del geriátrico en Avenida de los Incas y Zapiola, tras las denuncias de familiares y un brote de coronavirus que resultó en diez muertes.
Los acusados son Megyes y Visca, como responsables de la administración; Raffo como directora médica; Trunzo, ex funcionaria porteña encargada de fiscalizar estas entidades; Gonzalo, presidenta y pareja de Visca; y Allegue, vicepresidenta y pareja de Megyes.
Las parejas y la directora médica enfrentan cargos por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y violación de medidas sanitarias.
Trunzo, quien debía fiscalizar los geriátricos como funcionaria del gobierno local, enfrenta acusaciones por incumplimiento de los deberes de funcionaria pública.
Un Juicio para la Justicia y Reparación
Sergio Federovisky, testigo clave en el proceso, asistió a cada audiencia llevando la imagen de su madre, Delia Ivanac. Fue él quien denunció el abandono en el geriátrico durante aquel fin de semana de abril de 2020, cuando no había médicos ni directivos, y solo quedaban un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero a cargo de más de doce residentes.
La situación llevó a una tragedia. “Mi madre sufrió un accidente el viernes por la noche cuando el electricista trató de moverla y, al caerse, le fracturó la pelvis”, narró a Clarín.
Durante el juicio, se presentaron documentos que mostraban irregularidades previas a la pandemia: historias clínicas desactualizadas, falta de atención médica para los residentes y presión sobre los empleados para trabajar con síntomas de Covid.
El proceso judicial está por concluir, pero los familiares de las víctimas siguen buscando justicia y una condena para los responsables.
MG