La entrada de Ariel Fernando García Furfaro al sector de medicamentos al por mayor fue agitada y problemática. Intentó adquirir la firma envuelta ahora en el escándalo del fentanilo adulterado; sin embargo, jamás terminó de saldar el monto acordado en el contrato de compra.
Investigación sobre el laboratorio y sus consecuencias
El laboratorio HLB Pharma, objeto de una investigación relacionada con al menos 76 fallecimientos tras la administración de fentanilo contaminado en diversos hospitales y clínicas, pasó a ser centro de un caso contra García Furfaro, quien fue acusado de fraude. La transferencia de la empresa comenzó en 2017.
Problemas legales y empresariales
La carrera empresarial de García Furfaro ha estado llena de pleitos en los tribunales penales y civiles, tanto a nivel nacional como provincial.
La Justicia lo imputó, alegando que García Furfaro realizó una serie de maniobras engañosas para hacerse con HLB Pharma, pagando mucho menos del valor real. Según las autoridades, todo fue con dolo, ya que estaba consciente de su incapacidad financiera para materializar la compra de la empresa ubicada en avenida Tomkinson, en Beccar, San Isidro.
Antecedentes empresariales
El empresario ya tenía experiencia en la producción de medicamentos. Era propietario de Laboratorios Ramallo, formado por ex socios de Apolo, una empresa que sufrió un incidente explosivo en su planta en Rosario. Ramallo solo contaba con 12 certificados y ofrecía productos farmacéuticos con poca participación en el mercado. Junto a su familia, también dirigía la droguería ABC 1.
Los documentos procesales a los que accedió Clarín muestran que ofertó US$ 1,000,000 por la totalidad de las acciones de la empresa y únicamente pagó US$ 400,000. Emitió cheques sin fondos, aplazó los pagos acordados y no cumplió con dos adendas que incluían lujosos vehículos y un terreno en San Isidro.
Detalles del acuerdo fallido
Bajo la dirección de Hernán López Bernabó, la firma se encontraba en un proceso de convocatoria de acreedores, con deudas y disputas con los empleados. La modalidad de pago incluía una suma en efectivo y 11 cheques de diferentes montos girados por Droguería ABC1.
Además del traspaso de acciones, el empresario asumió el compromiso de afrontar deudas de hasta US$ 3,000,000 y los haberes retrasados de los trabajadores, también debía entregar los vehículos de HLB Pharma y un lote frente a la empresa cuando se levantaran los embargos.
Los compromisos iniciales no se respetaron. Los cheques fueron sin fondos y los acuerdos adicionales tampoco se cumplieron. García Furfaro comenzó a evitar las comunicaciones con López Bernabó, lo que incluyó llamadas y notificaciones formales.
Acciones judiciales y acusaciones
En marzo de 2021, tras años de disputas, López Bernabó acudió a la Justicia penal, acusando a García Furfaro de fraude. El caso fue llevado ante el Juzgado Criminal y Correccional Nacional N° 25, bajo la juez Fabiana Palmaghini.
El acusado tuvo varias oportunidades para defenderse, señalando que adquirió la compañía “prácticamente sin poder revisarla debido a una toma por parte de los empleados por la crisis económica”. También manifestó que prefirió pagar en efectico para evitar impuestos adicionales.
Argumentó que el caso se intentaba llevar al campo penal, donde él lo veía como una disputa comercial. Tras decisiones judiciales contradictorias, en julio de 2023, la juez Palmaghini determinó que García Furfaro asumió el contrato sabiendo que no podía cumplirlo, destacando su falta de capacidad financiera para enfrentar los compromisos acordados.
Así se ordenó su procesamiento sin prisión preventiva y se espera la audiencia oral para determinar el veredicto final. No obstante, García Furfaro está mencionado en otro expediente importante. En la Justicia Federal de La Plata se desarrolla el caso por el fallecimiento de 76 pacientes debido al fentanilo vendido por HLB Pharma.
El caso se inició por parte de la ANMAT. La justicia ha allanado en dos ocasiones tanto la sede de la empresa como el laboratorio Ramallo.
En San Nicolás, desde noviembre de 2024, se investiga una denuncia por “amenazas” contra un antiguo colaborador, lo que ha llevado a implementar medidas de protección para la víctima.
Además, en el Juzgado Penal Económico se investiga un posible fraude relacionado con la importación de equipos para equipar la empresa. Más recientemente, el juez federal Sebastián Casanello recibió una denuncia por la presunta falsificación de documentos necesarios para importar precursores químicos, lo que llevó a un nuevo allanamiento.