El 31 de julio, la Corte Constitucional de Italia emitió la sentencia 142/2025, conocida en las redes como “el fallo de la supervivencia”. Esta decisión podría abrir nuevas oportunidades para que muchos argentinos obtengan la ciudadanía italiana, después de que una ley más restrictiva limitara el traspaso a solo hijos o nietos de italianos.
El tribunal supremo reafirmó que el principio del ius sanguinis -el conocido “derecho de sangre”- no debería verse restringido por generaciones, tal como contemplaba la antigua Ley 91 de 1992.
La Corte desestimó las impugnaciones presentadas por los tribunales de Bolonia, Roma, Milán y Florencia, que habían cuestionado la constitucionalidad de la transmisión indefinida de la ciudadanía, reafirmando que no hay límite para su transmisión.
Desafíos para los descendientes italianos
Sin embargo, a pesar de esta sentencia, persiste la incertidumbre para los descendientes de italianos que desean obtener el pasaporte rojo. Cientos de argentinos han iniciado procesos legales para que, además de esta decisión alentadora, la nueva legislación no tenga efectos retroactivos, protegiendo el ius sanguinis para quienes nacieron antes de la ley 74/2025, promulgada en mayo pasado.
Alternativas judiciales
María Celeste Ramírez, abogada argentina residente en Italia, explica que la vía judicial es una opción para buscar el reconocimiento de la ciudadanía en caso de que los nuevos límites generacionales dejen fuera a los descendientes directos de antepasados italianos, como bisnietos o tataranietos.
Este proceso, según la especialista en Derecho Administrativo y Extranjería, es “especial y bastante complejo”, ya que implica dos vías: una principal y una incidental.
En la vía principal, se busca establecer el vínculo sanguíneo con el antepasado italiano alegando todos los antecedentes relevantes de hecho y derecho. Esta solicitud se presenta ante el tribunal correspondiente al lugar de nacimiento del antepasado italiano. Simultáneamente, se presenta una petición incidental de inconstitucionalidad contra la nueva ley, explica Ramírez.
El proceso continúa: si el tribunal encuentra las argumentaciones bien fundamentadas y cumpliendo con los requisitos requeridos, la solicitud de inconstitucionalidad se eleva a la Corte Constitucional. Ramírez aclara que es el tribunal el que debe remitir la solicitud a la Corte, no un individuo.
La Corte decidirá si procede o no con la solicitud y fijará una audiencia en el Tribunal de Roma. Después de la audiencia, emitirá una sentencia, que puede declarar la ley inconstitucional o no.
Si se considera que la ley es inconstitucional, el caso regresa al primer tribunal para decidir sobre la vía principal: el reconocimiento de la ciudadanía.
Ramírez advierte que hay diferentes escenarios posibles: la Corte puede aceptar o rechazar la solicitud, declarar o no la inconstitucionalidad, y el primer tribunal puede o no remitir el caso a la Corte Constitucional. Los clientes deben estar bien informados sobre los riesgos, la duración del proceso y el tiempo de resolución.
Impacto de los cambios legislativos en los argentinos
En los últimos meses, el Parlamento italiano aprobó cambios que afectan directamente a miles de argentinos con herencia italiana. Ahora, la ciudadanía sólo se permite a quienes tienen padres o abuelos italianos que hayan residido al menos dos años en Italia antes del nacimiento del descendiente. Además, los trámites ya no se realizan en consulados, sino que están centralizados en Roma, con costos significativamente elevados, señala Eduardo Martín Balian, abogado argentino especializado en Derecho Migratorio, desde Cerdeña.
En un escenario que podría considerarse una amenaza a un derecho históricamente reconocido, su bufete ya ha iniciado más de cien acciones legales, todas pidiendo que se declare inconstitucional la nueva normativa y se reconozca el derecho a las familias que inicien juicios.
Balian argumenta que la ciudadanía italiana por descendencia “no es un beneficio otorgado”, sino “un derecho de nacimiento” que la autoridad italiana simplemente debe reconocer. Por eso estos procesos son llamados de “reconocimiento”.
La ciudadanía se transmite por sangre, por lo que cualquier hijo de un ciudadano italiano nace con ella. La Constitución italiana, junto a principios universales de igualdad y no discriminación, protege a los descendientes de ciudadanos italianos asegurando que su condición no puede estar sujeta a restricciones arbitrarias o irrazonables, añade el experto.
El debate ya ha llegado a la Corte Constitucional italiana, que deberá pronunciarse sobre la validez de estas disposiciones. Las demandas judiciales presentadas esperan una resolución.
Hasta marzo de este año, era posible solicitar la ciudadanía incluso si el antepasado era un bisabuelo o un tatarabuelo italiano. Sin embargo, la aprobación de la Ley 74 ha limitado esto: solo se permite si el abuelo o padre del solicitante residió en Italia antes del nacimiento del hijo.
Por último, la sentencia de la Corte, la sentenza 142/2025, efectivamente ha abierto un doble escenario. Aquellos que presentaron su solicitud antes del 28 de marzo, cuando el decreto se convirtió en ley, están amparados por la normativa anterior. Por otro lado, queda por decidir qué pasará con las solicitudes presentadas después de la entrada en vigor de la nueva ley.
“Hay bases sólidas para creer que las disposiciones de la nueva ley serán declaradas inconstitucionales, especialmente tras el fallo del 31 de julio, donde la Corte confirmó el carácter adquirido y transmisible de la ciudadanía por descendencia”, afirma Balian.
Señales de cambio
Ricardo Merlo, presidente del partido Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (MAIE), comparte sus reflexiones sobre si será la Corte Constitucional la que decida la validez de la ley o cualquier tribunal italiano.
“Esa es la pregunta del millón”, comenta Merlo a Clarín, enfatizando en lo que podría beneficiar más a los descendientes para que los procesos estancados avancen.
“Existen dos señales importantes: una política y otra jurídica”, distingue Merlo.
“Por un lado, el Presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, abrió la puerta a reconsiderar ciertos aspectos de la ley, lo que es un rayo de esperanza. Por otro, los abogados no han cesado en presentar demandas. Si un juez da la razón a uno de los descendientes, será el camino judicial el que prevalecerá, forzando al Parlamento a reabrir el debate sobre esta cuestión”, concluye Merlo.