El doloroso camino hacia la justicia
En estos días, Sergio Federovisky se enfrenta a una de las experiencias más difíciles de su vida. En cada audiencia, se sienta frente a los jueces del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de Buenos Aires, con la esperanza de que los eventos de abril de 2020, cuando su madre Delia Ivanac fue evacuada del geriátrico Apart Los Incas, no queden sin resolver. El juicio, iniciado el 19 de mayo, se encuentra en sus últimas etapas: los alegatos tendrán lugar este lunes y el martes se emitirá la sentencia.
Acusaciones y responsables
A cinco años del brote de Covid-19 que resultó en el fallecimiento de 10 residentes, el juicio avanza contra cuatro acusados: los apoderados del geriátrico, Luis Daniel Megyes y Hugo Visca, la directora médica Carla Raffo, y la ex funcionaria de la ciudad, Paula Trunzo. Megyes, Visca y Raffo están imputados por homicidio culposo agravado, lesiones culposas y por violar medidas sanitarias durante una pandemia, según el artículo 205 del Código Penal. Paula Trunzo enfrenta cargos por no cumplir con sus deberes como funcionaria pública encargada de supervisar geriátricos.
La negligencia de las autoridades
El abogado querellante Adrián Albor explica: “En cuanto a la doctora Trunzo, estamos evaluando su papel hasta el último momento. Se le imputa haber identificado diversas irregularidades y no haber actuado para clausurar el lugar o corregir las deficiencias durante su gestión en el Gobierno de la Ciudad, y su labor era prevenir estas situaciones en los geriátricos”.
Sergio Federovisky recuerda: “Yo llamé personalmente a las ambulancias aquel fin de semana, cuando el geriátrico quedó abandonado por sus dueños y por la directora médica, la doctora Raffo. Me comuniqué directamente con el Gobierno de la Ciudad”. Aunque su madre no falleció de inmediato, su pérdida ocurrió posteriormente debido a las consecuencias del abandono, por lo cual no se incluye entre las 10 víctimas del caso.
El 21 de abril de 2020, tras varias denuncias, el SAME evacuó el geriátrico ubicado en Avenida de los Incas y Zapiola. Estas escenas se difundieron por todo el país: ambulancias alineadas, pacientes en camillas y familias angustiadas. Fue el primer gran brote en residencias de larga estadía.
Errores y omisiones fatales
La situación se desencadenó cuando una cocinera, a pesar de tener fiebre, fue obligada a trabajar. Esta negligencia se agravó con la falta de pruebas a los empleados, historias clínicas desactualizadas y la falta de control de temperatura a los residentes.
Tras la evacuación, el geriátrico fue clausurado por el brote de Covid. Foto Archivo / Lucia Merle
“El compromiso del Gobierno de la Ciudad era cubrir el personal necesario si los propietarios del geriátrico no lo lograban, y eso fue lo que pasó aquel lunes”, comenta Sergio. “Muchos, incluyendo a mí mismo y a otros familiares, nos vimos obligados a intervenir”.
El proceso legal también subraya la falta de interés por parte de los responsables. Según la causa, desde el miércoles anterior a la evacuación, empleados como enfermeros, cocineras y cuidadores comenzaron a irse. Sergio recuerda claramente cuando la cuidadora de su madre se marchó con síntomas de Covid.
Un desastroso fin de semana
Aquel fin de semana, la gestión del geriátrico recayó inesperadamente en un electricista, un empleado de mantenimiento y un enfermero que también dejó el lugar más tarde por síntomas. “Fue un abandono total. Nosotros tuvimos que llevar alimentos a las personas que se quedaron a cargo del lugar en representación de las familias. No hubo contacto ni revisión médica”, detalla Sergio.
Los directores del geriátrico estuvieron ausentes durante el brote. Foto Archivo / Lucia Merle
La mala gestión del geriátrico no comenzó con la pandemia, como queda demostrado por un documento firmado por los residentes o sus familiares, que exponía múltiples irregularidades y carencias. Esto forma parte del expediente judicial.
A medida que el juicio llega a su conclusión, Sergio transmite un mensaje claro: “Solo quiero que los jueces reconozcan que el abandono lleva a la muerte cuando no se brinda el cuidado necesario. Aquí murieron 10 personas y muchas más sufrieron, como le ocurrió a mi madre. Hay que condenar a los responsables”.
Las defensas intentaron argumentar la inexistencia de un nexo causal directo entre las infecciones y los acusados, sugiriendo que el contagio pudo haberse dado de otra manera, según Albor.
Adrián Albor también señaló: “Se intentó ocultar la situación, incluso apareció un mensaje sugiriendo que no informaran a las familias sobre lo que ocurría”.
La semana que viene será crucial. Los alegatos se presentarán el lunes y el martes se dictará sentencia. Sergio estará ahí, en ese rol que asumió desde el principio para cuidar a su madre y exigir justicia: “Espero que se haga justicia y que quienes priorizaron su beneficio económico y su impunidad reciban la condena apropiada por gestionar el geriátrico como un simple negocio”.
MG