Una mañana de Navidad, en Avenida del Libertador, un evento inesperado ocurrió cuando dos diplomáticos rusos, en diferentes momentos, se negaron rotundamente a someterse a la prueba de alcoholemia durante un control vehicular, atrayendo la atención de todos los presentes.
El impacto de rehusarse a la prueba de alcoholemia
Rechazar el test de alcoholemia es considerado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) una pésima elección que no solo revela un desacato a las autoridades de control sino que además conlleva serios problemas legales y sanciones significativas.
Según los lineamientos de la ANSV, el acto de negarse a estos controles equivale a admitir la infracción por conducir bajo los efectos del alcohol, enfrentando así consecuencias graves equivalentes a las de un test positivo. Esta política refleja la rigurosidad con que se manejan estos casos para desalentar la resistencia o eludir la ley.
Consecuencias legales detalladas
Al negarse al examen, el conductor se expone a la retención de su licencia y su vehículo, además de ser sancionado con multas y periodos de inhabilitación para conducir. Las normativas provinciales establecen claramente las penalidades para estas acciones, enfatizando en la gravedad de evadir este deber ciudadano.
En la provincia de Buenos Aires, todas las personas que manejen deben someterse obligatoriamente a pruebas de drogas y alcohol sin excepción. La legislación vigente considera la negativa a estas pruebas como una falta grave, susceptible a recibir las penalizaciones máximas, incluidas sanciones económicas y la potencial intervención policial por resistencia a la autoridad.
La renuencia a participar en la prueba de alcoholemia ahora se castiga con hasta 18 meses de suspensión para conducir, la misma sanción prevista para quienes se detectan con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,5 gramos por litro. Comparativamente, colaborar con el control aunque se demuestre un nivel de alcohol inferior, resulta en penas menos severas, demostrando que el sistema busca incentivar la cooperación y la responsabilidad al volante.
Finalmente, cabe destacar que el procedimiento estándar ante un conductor que se niegue a abandonar su vehículo o a someterse al test incluye la intervención policial por resistencia a la autoridad, lo cual puede escalar a contravenciones o causas penales si la situación así lo amerita.