Frecuentemente se comenta que el sistema de salud de Argentina está en crisis o es insostenible, pero ¿qué implica verdaderamente este diagnóstico? ¿Acaso significa que la población no vela por su propio bienestar? ¿O que el Estado desatiende sus responsabilidades en materia de salud? ¿Es que acaso carecemos de datos fiables sobre salud? ¿O que estamos vacunándonos menos? ¿Funcionan ineficazmente los hospitales públicos? ¿Reciben salarios insuficientes los médicos? ¿Será que muchas obras sociales no cumplen con la cobertura prometida? ¿Las cuotas de las prepagas se incrementan mientras la calidad del servicio disminuye? ¿Es el sistema excesivamente burocrático? ¿Es desigual el acceso a los servicios de salud? ¿Son los adultos mayores una población desprotegida? ¿Son exorbitantes los precios de los medicamentos? ¿Acaso para los políticos la salud no es una prioridad? La magnitud del problema va más allá de estas interrogantes.
Clarín abordó todas estas cuestiones en una entrevista con Rubén Torres, destacado sanitarista, ex superintendente de Servicios de Salud y presidente del Instituto de Política, Economía y Gestión en Salud (IPEGSA). Lejos de limitarse a un análisis retrospectivo, Torres compartió su diagnóstico sobre este complejo escenario que representa el sistema de salud en Argentina, con el objetivo de priorizar soluciones para lograr una transformación auténtica en el sector en este desafiante inicio del segundo cuarto del siglo XXI.
La Gobernanza Fragmentada del Ministerio de Salud
En años recientes, se ha observado una expansión federal significativa del Ministerio de Salud, aunque acompañado de escasa gobernanza. Actualmente, se está intentando revertir esta situación, argumentando que la gestión de la salud es competencia de las provincias. ¿Cuál es su perspectiva sobre el cambio de dirección en la administración actual?
El Ministerio de Salud de la Nación enfrenta una debilidad en el ejercicio de su gobernanza, un concepto referido en sanitarismo como “poder de rectoría”. Este problema se deriva de varios factores. Un factor es la enorme fragmentación del sistema, donde el sector público, privado y la seguridad social no están interconectados. Otro problema es la diversidad de fuentes de financiamiento. La fuerte tendencia al federalismo en Argentina hace que existan 24 sistemas de salud distintos. Aunque la decisión del Gobierno de ceder la gestión de la salud a las provincias es políticamente correcta, dentro del marco constitucional, expone a un peligro de acentuar las desigualdades, ya que la discrepancia en gasto per cápita entre las provincias más y menos invertidas en salud es alarmante. Esto conlleva diferencias abismales en los resultados, algo que he descrito como “la posibilidad de morir según el código postal”.
Oportunidades Económicas para la Salud
Desde hace tiempo, vengo advirtiendo sobre el riesgo inminente de colapso en el sistema de salud. Si admitimos que Argentina está experimentando un proceso de transparencia económica después de un período de excesivo gasto, ¿en qué medida el sistema de salud tiene ahora la oportunidad de reparar sus deficiencias financieras y mejorar la atención a futuro?
La precariedad financiera se debe a que históricamente la salud no ha sido una prioridad presupuestaria a nivel nacional, provincial o municipal. La mejora económica no soluciona este problema porque las fallas internas en el financiamiento complican cualquier progreso. Se necesitan reformas significativas. Por ejemplo, en casi ningún país la salud se financia principalmente a través de aportes de trabajadores, pero aquí es la principal fuente de financiación. En los sistemas exitosos se consolidan los fondos estatales, ambos del sector público y de la seguridad social, para una distribución equitativa. Hasta ahora, ningún gobierno ha avanzado en esta dirección.
Retos y Soluciones para el Futuro
¿Qué países han unificado sus fondos de salud, y podrían servir de modelo para Argentina?
Uruguay, Costa Rica y la mayoría de los países europeos podrían ser ejemplos valiosos para nosotros.
Ha mencionado la carga de financiar el sistema de salud con aportes de trabajadores. Con salarios bajos y un alto número de empleados informales, la seguridad social está debilitada. ¿Qué se puede esperar de las obras sociales y prepagas en el futuro cercano?
Los impuestos sobre salarios no son suficientes para sostener los sistemas de salud en casi ningún país. La reforma debería promover la consolidación de fondos públicos y de seguridad social, para garantizar un sistema accesible para todos. En un sistema ideal, las prepagas jugarían un rol complementario, similar a otros países desarrollados, donde la cobertura básica depende del Estado. Las prepagas deberían proporcionar servicios suplementarios, no esenciales.
Se han señalado situaciones críticas en hospitales públicos, pero recientemente también en sanatorios privados. ¿Cómo podrían integrarse estos actores en un modelo colaborativo público-privado?
La creación de redes integradas de servicios de salud público-privadas es promovida por la OMS y OPS desde hace años. Creo que incluso en Argentina, bajo el marco actual del mercado, esta solución es viable e imprescindible. Para materializar esta colaboración, la gobernanza del Ministerio de Salud es crucial, organizando una red progresiva de complejidad, distribuyendo roles específicos a cada organización participante.
Si fuera ministro por un momento, ¿cuáles serían sus pasos para garantizar un mejor acceso equitativo a la salud?
Lograr equidad exige garantizar que el (Plan Médico Obligatorio) PMO abarque a todos los argentinos. Además, es esencial fortalecer los servicios de salud públicos para que la elección de medicina prepaga sea opcional y no necesaria. Las políticas actuales han sostenido el sistema prepago que cubre a una minoría, sin garantizar acceso para todos.
La comunicación errada ha generado desconfianza hacia las vacunas. Se necesitan campañas de información efectivas para revivir la confianza ciudadana en la vacunación, aclarando que junto al agua potable y el lavado de manos, las vacunas han sido claves en la salud pública.
Sobre la ANEFITS, la nueva agencia de evaluación tecnológica, ¿cómo debería abordarse la evaluación de medicamentos de alto costo?
La eficacia de dicha agencia dependerá de la elección honesta de sus miembros y la calidad de sus resoluciones. Ganar prestigio llevará tiempo, pero es esencial para establecer decisiones influyentes en la justicia sobre litigios de medicamentos.
Por último, en cuanto a los adultos mayores, hay quienes opinan que el PAMI está funcionando relativamente bien, pero las barreras económicas dificultan el acceso a la salud. ¿Qué pasos podría tomar el sistema de salud para solventar estas dificultades?
Los jubilados deberían poder elegir entre su obra social o el PAMI, lo que podría tener ventajas económicas al diluir el riesgo en el sistema. Asimismo, ampliar la prevención en salud desde edades tempranas podría mitigar los impactos posteriores, aunque requiere voluntad política para cambiar el enfoque de las obras sociales. Evaluar el acceso a medicamentos, junto a la revisión de condiciones en el vademécum, es otro aspecto crucial a abordar.