En los momentos finales de la campaña en la ciudad, se hizo público un plan para respaldar a las organizaciones que ofrecen servicios a personas con discapacidades. En este anuncio, se incluyó una crítica hacia las acciones del Gobierno nacional.
Este martes, se realizó una manifestación frente al Ministerio de Salud de la Nación. La convocatoria fue realizada por el Foro Permanente por la Discapacidad junto a asociaciones de transportistas y otras entidades dedicadas a atender a personas con discapacidades.
Los manifestantes argumentaron que las tarifas pagadas por el Estado a los prestadores llevan congeladas desde diciembre, mostrando un desfase del 73% respecto a la inflación. Como consecuencia, varias instituciones y profesionales de la salud, como psicólogos y acompañantes terapéuticos, están cerrando o reduciendo sus operaciones. Según el Foro, “esta situación impacta directamente a miles de personas con discapacidad y sus familias, quienes dependen de servicios esenciales como terapias, transporte, educación y atención cotidiana”.
Horas más tarde, desde su cuenta oficial de Twitter, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comunicó que proporcionará un subsidio equivalente al 24% de sus ingresos mensuales, a distribuirse en dos partes, a 142 instituciones como centros de día, centros educativos terapéuticos, hogares y residencias con servicios de apoyo de alta intensidad. Se destinará una inversión aproximada de $ 1.777 millones.
Mientras se aproximan las elecciones legislativas en la ciudad, donde Manuel Adorni, portavoz presidencial, lidera la lista de La Libertad Avanza, el comunicado también destacó que estas entidades “están en emergencia debido a la falta de actualización y retraso de las tarifas proporcionadas por el Gobierno nacional, además del incremento en los costos laborales”.
Adicionalmente, la Ciudad informó su intención de presentar un proyecto ante la Legislatura para eximir del pago de ingresos brutos y condonar deudas a estas instituciones. También se incrementará a $ 500 millones el presupuesto para la Línea de Fortalecimiento de la Sociedad Civil, la cual financia organizaciones sin fines de lucro relacionadas con la discapacidad.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, expresó: “Hemos decidido intervenir porque no podemos permitir que ninguna de estas organizaciones cierre”. Desde la Ciudad, recalcaron que la situación afecta a 5.900 personas en el ámbito local que necesitan cuidados y apoyos permanentes para su vida diaria.
La Ley propuesta
Hace dieciséis días, un proyecto de ley que declaraba la emergencia en el sector de la discapacidad fue aprobado en comisión en la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Gobierno nacional.
Diego Spagnuolo, presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), criticó la iniciativa presentada por el diputado K Eduardo Valdés, señalando que “es una legislación formulada más para los prestadores que para las personas con discapacidad”, ya que “incluye gastos muy altos sin especificar cómo serán financiados”.
Además, hizo mención a Valdés, quien es vicepresidente segundo de la comisión bicameral de Discapacidad, y destacó su pasado como miembro del directorio de la fundación Infancia, una de las entidades prestadoras actuales administradas por su familia. Asimismo, mencionó que la comisión está encabezada por Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández.
Spagnuolo recordó: “En 2023, los prestadores, que estaban bajo la dirección de quienes promueven ahora esta declaración de emergencia, perdieron 110 puntos en comparación con la inflación. Entonces, no tomaron ninguna medida, ni se les ocurrió declarar una emergencia o algo similar”.
En un comunicado, la ANDIS añadió: “Es una propuesta regresiva que recurre a un modelo asistencialista que ya ha fallado, ignora los estándares internacionales y retrasa la inclusión real”.