Después de que los fiscales de Cámara, Sergio Ruiz Moreno y Mercedes Ballestrini, solicitaran la semana pasada una condena a prisión perpetua para Brenda Agüero y trataran con mayor indulgencia al exministro de Salud, las acusaciones en el significativo juicio por la muerte de cinco bebés en el hospital Materno Neonatal de Córdoba aumentaron la severidad de sus peticiones de sanción.
Solicitudes de condena por parte de la fiscalía
La fiscalía asegura tener pruebas de que Agüero suministró dosis mortales de potasio o insulina a los cinco bebés que fallecieron a las pocas horas, así como a otros ocho que sobrevivieron. Con respecto a Diego Cardozo, exministro de Salud de la provincia, la solicitud fue de tres años de prisión en suspenso y tres años de inhabilitación por su participación como coautor en la ocultación agravada por la gravedad de los hechos.
En su intervención, el fiscal Ruiz Moreno sorprendió al elogiar al antiguo funcionario, quien padece de cáncer de pulmón. “Cardozo nos enseñó el valor de la integridad durante su última declaración. Manifestó su desconfianza hacia todos y consideró que los ataques a los bebés fueron intencionados”, dijo Ruiz Moreno.
“Tanto sus hijos como la comunidad en Córdoba deben recordar al ministro Cardozo por su dedicación durante la pandemia. Esto justifica que una pena efectiva no sería adecuada, debiendo ser ejecutada bajo modalidad condicional”, añadió.
Posiciones de las querellas de las familias
Esta semana, los abogados de las familias de las víctimas, representadas por dos querellas, realizaron sus declaraciones. Ambas querellas, al igual que los fiscales, exigieron la sentencia más alta posible, perpetua, para Agüero.
Ana Pagliano, defensora pública que representa a tres sobrevivientes y un fallecido, solicitó que se dicte la prisión preventiva para los acusados si se confirma su condena, argumentando que las autoridades entorpecieron la investigación, lo que representa un riesgo de fuga.
El abogado Carlos Nayi, quien representa a tres familias, también abogó por la pena máxima para antiguos funcionarios y directivos. Con relación a Cardozo, pidió seis años de prisión por encubrimiento agravado, y la misma sentencia para la exdirectora Liliana Asis, además de acusarla por omisión de deberes como funcionaria pública.
En su intervención, Nayi criticó a Cardozo, describiéndolo como parte de un “acuerdo de silencio” y afirmó: “Mantener el silencio es otra forma de culpabilidad. Él era el principal responsable de la salud en Córdoba, no un simple médico, sino también un oficial de policía provincial”, reportó La Voz.
Acusaciones y pruebas en el juicio
Además de solicitar condenas para Agüero y Cardozo, la fiscalía pidió cuatro años de cárcel para Liliana Asís, exdirectora del hospital, acusada como coautora por omisión de deberes de funcionario público en concurso real con encubrimiento agravado, además de inhabilitación por tres años. Para Alejandro Escudero Salama, exsubdirector, y Marta Elena Gómez, exjefa de Neonatología, se solicitó una condena similar. A Claudia Ringelheim, exjefa de Tocoginecología Clínica y exsubdirectora, se le pidieron un año de cárcel, inhabilitación y la multa máxima por omisión de deberes de funcionario público.
Para Adriana Luisa Moralez, médica, la solicitud fue de tres años de prisión condicional. A la pediatra María Alejandra Luján, se le pidió absolución por falsedad ideológica y condena por omisión de deberes de funcionario con un año de inhabilitación y la multa máxima. La exjefa de Enfermería, Blanca Alicia Ariza, enfrenta un año de inhabilitación y la multa máxima por omisión en sus deberes. Para Pablo Caravajal y Alejandro Gauto también se sugirió una pena de tres años de prisión condicional.
El fiscal destacó que si los hechos se hubieran denunciado al momento del conocimiento por parte de los funcionarios, se habrían evitado al menos tres muertes. Señaló que si se hubiera actuado a tiempo se habrían obtenido más pruebas, previniendo así las muertes adicionales y las descompensaciones de los recién nacidos que sobrevivieron.
Durante una extensa declaración centrada en las acusaciones contra los funcionarios de Salud del gobierno provincial de Córdoba, se les reprochó no haber considerado la colocación de personal de seguridad en la zona obstétrica tras el conocimiento de los primeros incidentes.
El fiscal Ruiz Moreno se refirió a la enfermera indicando que no solo se basan en indicios sobre Brenda Agüero, sino que “hay una abundancia de pruebas concretas”. “No dudamos que Brenda Agüero es la responsable de la muerte de Angeline Rojas, a quien inyectó potasio el 6 de junio provocando un paro cardíaco debido a hiperkalemia,” explicó Ballestrini respecto al primer caso denunciado.
El informe señaló que en dos casos se inyectó potasio y en otros dos, insulina, concluyendo que fueron ataques premeditados por el autor de esos actos.
La investigación administrativa por parte de la Fiscalía de Estado concluyó que los 13 casos pertenecen a un patrón criminal realizado en el mismo entorno, durante la pandemia y en las primeras horas de vida de los bebés. Se confirmó además la presencia de Agüero en el hospital durante los casos de fallecimiento de los infantes.
Defensa de la acusada
Desde el comienzo del juicio en enero, Agüero ha sostenido que es víctima de una condena mediática: “No puedo entender que el área que tanto amaba sea la causa de mi desgracia”.
“No logro comprenderlo completamente: llevo casi tres años en estas condiciones, acusada por algo que no hice. Me están responsabilizando por un acto que jamás cometí; nunca se me habría pasado por la mente dañar a alguien, mucho menos a un bebé”, afirmó en una declaración posterior.
Defendiendo su profesión: “Solo quien ejerce puede comprender el sufrimiento y las lágrimas con los pacientes. Me formé para salvar vidas, no para lo que se me imputa”.
Sobre los documentos respecto al potasio en su móvil, explicó: “Soy enfermera, o lo era, y como parte de mi formación, me mantengo actualizada en medicina, enfermería y farmacología. No es extraño que tuviera eso en mi teléfono”, señaló.
“Realmente no sé cuál fue el desenlace en el Neonatal ni me incumbe. Siento el dolor de las madres, pero yo no fui. Me están acusando de homicidio y de intento de homicidio; yo no fui, nunca dañé a una persona, mucho menos a un bebé”.
Gustavo Nievas, abogado de Agüero, manifestó que las madres mencionaron a Brenda por primera vez durante el juicio, no durante la instrucción. “Se intentó encajar el perfil de Brenda de forma muy deliberada”, puntualizó. Además, varios peritos coincidieron en que “tres de las cinco muertes fueron naturales”.
Nievas añadió que incluso con las descompensaciones, en cuatro de los casos, la posibilidad de que ocurrieran como la fiscalía instrucción sugería sobre Agüero fue descartada. Destacó que el área obstétrica fue desmantelada tras la divulgación del caso.
Implicación de las autoridades
En el juicio se juzga a diez personas entre médicos y exautoridades, acusados de permitir los hechos debido a sus omisiones. El de más alto rango es Diego Cardozo, exministro provincial, inculpado por abandono de deberes públicos.
Cardozo afirmó tener certezas de ataques contra los bebés, expresó arrepentimiento por no escuchar a las madres y sostuvo que esos ataques no fueron coincidentes.
Liliana Asís, exdirectora del hospital, enfrenta acusaciones similares y llegó al juicio con prisión domiciliaria. “Después de dedicar toda mi vida a trabajar, jamás imaginé ser tratada como criminal”, declaró.
Al relatar su trayectoria y su vínculo con el hospital desde su fundación hasta el inicio de la causa, Liliana expresó que nunca se imaginó en tal situación, reafirmando una vida de trabajo dedicada sin pasar por encima de otros.
Testimonios de las madres
El caso surgió de una denuncia realizada por un ingeniero tras escuchar versiones sobre muertes de bebés entre marzo y junio de 2022. Con el juicio enfocado inicialmente en Agüero, los testimonios clave provinieron de las madres y familiares de las víctimas.
Julieta Guardia, madre de Ibrahim, enfatizó que su hijo, nacido sano, falleció en solo cinco minutos. Recordó los rostros del personal médico, especialmente el de Agüero, y confesó intentos de suicidio tras esta tragedia. Vanessa Cáceres, madre del primer bebé fallecido Francisco, compartió el diagnóstico fatal de su hijo, al igual que Damaris Bustamante, quien relató la dolorosa experiencia tras la muerte de su hijo Benjamín.
Yoselín Rojas, cuya hija Angeline murió el 6 de junio, afirmó que su hija fue “envenenada con potasio” y reconoció a Agüero como quien la retiró de la sala de parto. Su esposo aseguró haber visto a la enfermera interactuar con la bebé.
Intervenciones de los peritos
Durante el proceso judicial, intervinieron especialistas en medicina e informática. Luis Ferrari, de la Universidad de La Plata, testificó sobre el excepcional caso y niveles anómalos de potasio e insulina.
Los expertos locales destacaron las evidencias adaptadas en varios casos, observando coincidencias, pero no un único patrón en los 13 casos.
Sobre los celulares, el exministro Cardozo observó un reseteo tras un requerimiento fiscal, lo que fue disputado por su defensa como atribuible a una actualización automática, solidarizándose a la vez con los hallazgos de llamadas eliminadas entre imputados.
Córdoba, Especial
AS / MG