Una cabo de la policía en Neuquén, harta de que las acusaciones de maltrato y violencia de género que presentó contra dos superiores en la comisaría de Villa Pehuenia no surtieran efecto, decidió llevar su demanda a un ámbito más visible. Encadenándose frente a la Casa de Gobierno de la provincia, dejó clara su posición, inmovilizándose en la entrada del edificio gubernamental.
Viajando más de 310 kilómetros desde Villa Pehuenia hasta Neuquén capital, Constanza Parra tomó esta drástica medida el miércoles, esposándose a las barandillas de la escalera de acceso con su atuendo policial completo: uniforme, gorra y una mochila azul.
En entrevistas con la prensa local, la cabo Parra reveló que a inicios del año actual efectuó denuncias por “acoso, abuso, violencia de género y corrupción” contra Héctor Baigorria, comisario de la seccional 47 de Villa Pehuenia, y el suboficial Rafael Villar. Mientras esperaba a su abogado para entablar un diálogo con las autoridades, señaló que se trasladó a Neuquén porque “se encubre todo el problema”.
Como respuesta, Matías Nicoloni, ministro de Seguridad provincial, se reunió con Parra y ordenó que Asuntos Internos investigue el caso, enviando de inmediato un equipo de investigación a la comisaría implicada.
Como medidas inmediatas, el Ministerio solicitó que tanto el comisario Baigorria como el suboficial Villar entregasen sus armas y se trasladaran a ubicaciones diferentes. También se decidió relevar al comisario de su vivienda oficial, ya que esta se encontraba en proximidad de la residencia de la denunciante.
Respecto a Constanza Parra, el ministro Nicolini mencionó que “ella presentó una denuncia en el tribunal laboral de Zapala, que es el competente en Villa Pehuenia”, y se anticipó que está programada una audiencia para el próximo lunes según fuentes judiciales.
El ministro mencionó que “no tiene conocimiento detallado de la denuncia debido a su naturaleza confidencial”, pero confirmó que la denunciante le relató experiencias de acoso y violencia de género en el trabajo.
Con el apoyo de la policía provincial, se dictó que el equipo de Investigaciones y Asuntos Internos se encargue de llevar a cabo todas las investigaciones necesarias. “La denuncia es seria, y se debe primar el enfoque en la vulnerabilidad de la víctima, dada su condición de mujer”, afirmó Nicolini.
Además, aseguró que desde la Subsecretaría de Mujeres y Seguridad se le ofrecerán a Parra todas las garantías necesarias para que prosiga con sus denuncias. “No hay intención de encubrir ni ocultar nada. Buscaremos justicia hasta el último detalle”, declaró.
Motivaciones que condujeron a la cabo a encadenarse en el exterior de la Casa de Gobierno
Constanza Parra, cabo primera, declaró a los medios neuquinos que, luego de formalizar su denuncia a principios de año por “acoso, malos tratos y hostigamiento”, se le otorgó una licencia debido a la violencia de género que experimenta. A pesar de las serias acusaciones, denunció que “los responsables no fueron removidos ni se les quitaron las armas como dicta el protocolo”.
Acompañada por el abogado Gustavo Lucero, insistió en que buscó auxilio en Asuntos Internos, la Fiscalía y el tribunal laboral de Zapala, pero lamentó que “todos los estamentos lo encubrieron porque son jefaturas que se protegen entre sí. Es inadmisible”.
“La policía nunca me ha respaldado, nunca me brindaron ayuda. Para ellos, mis denuncias son un ataque a la institución”, señaló con frustración.
Intervención gubernamental en la situación
Lorena Barabini, subsecretaria de Mujeres de Neuquén, explicó en una entrevista radial que desde el gobierno se empezó a abordar de manera activa el caso desde el miércoles antes de Semana Santa tras una reunión en la que se discutieron los aspectos críticos que Parra estaba enfrentando. El Poder Judicial ha estado involucrado desde el 3 de marzo.
Barabini además explicó que “existían indicios claros de una situación de violencia de género, y ante eso, es fundamental actuar prontamente”, insistiéndose en que “la denuncia está formalizada y las medidas fueron adoptadas. Aunque Parra las considera insuficientes, y por eso deberán intensificarse las acciones, para garantizar la seguridad de quien fue víctima”.